*Inseguridad mina el periodo de gracia de Libia; *Primer nombre del futuro fiscal; *Auditoría a subsecretario no impide nombramiento
1.- Entre bombas, atentados y masacres, el nuevo comienzo
La herencia negra de violencia que le entregó Diego Sinhue Rodríguez a Libia García no da tregua al nuevo gobierno.
La situación avanza en una profunda descomposición entre la guerra de bandas de diferente adscripción, los mensajes nada encubiertos de atentados explosivos, la escasa confiabilidad de buena parte de las policías municipales y ahora ataques contra custodios de Ceresos.
Este lunes se anunciará una nueva estrategia en seguridad, a la que se le ha dado el nombre de “Confía”, quizá para hacer frente a la profunda desconfianza ciudadana hacia la mayor parte de las corporaciones y dependencias de esa área.
Está claro que los nombres no hacen a las políticas públicas, por más que los mercadólogos busquen acrónimos que “impacten”. Apostarle sólo a la imagen sin cuidar el fondo, puede ser la mejor manera de fracasar.
Por eso resulta más importante el fondo de la nueva estrategia que su lanzamiento con pretensiones de espectacularidad. Hasta donde hoy se sabe consiste en una regionalización de la Secretaría de Seguridad y Paz, el reclutamiento de ex mandos de la extinta Policía Federal Preventiva y una acentuada coordinación con las policías municipales y las corporaciones federales.
En el plan no deja de haber una ausencia: la de la fiscalía del estado, donde Carlos Zamarripa vive sus últimas semanas en una intensa campaña por defender su “legado” y tratar de convencer que tiene resultados, cuando desde hace tiempo ya nadie le cree.
Cualquier punto que se acuerde con el fiscal saliente, deberá ser revisado de nuevo a partir del próximo año, una vez que el Congreso valide la elección del nuevo titular de la dependencia autónoma. Y el papel de la procuración de justicia es por demás relevante, pues se trata de la única instancia que puede abonar a disminuir la impunidad al tener el monopolio de la persecución penal.
Sabremos a partir del próximo lunes los alcances de la respuesta que da el gobierno de Libia Dennise García a la complicada situación que le heredó un gobernador que sencillamente decidió no atender el tema de la inseguridad.
No habrá una estrategia completa, por cierto, sin saber qué pasará con el aspecto de la tecnología para la vigilancia preventiva y la persecución de los delitos. Durante dos sexenios, el monopolio de los contratos en esa materia ha estado en manos de la empresa Seguritech, que ha logrado una extraordinaria compenetración con la clase política estatal al grado de diversificar sus negocios a otros terrenos con la ayuda y los subsidios del estado.
Miguel Márquez, junto con su compadre Rafael “el Gallo” Barba, no solo le entregaron a la empresa de Ariel Picker Schatz el monopolio de la red de videocámaras, arcos carreteros y el C5I, sino que además les permitieron negocios como el parque de industria aeroespacial Skyplus, vendiéndoles a precio de ganga un terreno en Guanajuato Puerto Interior y dotándolo de infraestructura con recursos públicos.
Diego Sinhue Rodríguez siguió contratando en secreto a Seguritech para esquemas de videovigilancia con aeronaves y drones rentados, que evidentemente fracasaron en sus objetivos del mismo modo que el oneroso programa Escudo seis años antes. A cambio, Seguritech incursionó en el negocio de los viñedos y los fraccionamientos de la mano del ex gobernador, quien incluso invirtió presupuesto estatal en acondicionar el entorno de un desarrollo privado.
La gran pregunta es ¿a qué horas se dedican al tema de la seguridad los ejecutivos de Seguritech, cuando solo están pensando en cuál es el siguiente negocio del que convencerán a otro político de Guanajuato?
Nadie puede negar que durante los doce años que la tecnología de vigilancia ha estado en manos de Seguritech, pagada a precio de oro con recursos públicos y de forma absolutamente opaca, Guanajuato se ha hundido en la violencia más extrema, sin que nadie le haya pedido cuentas nunca a esa empresa.
¿El plan CONFÍA de Libia confiará de nueva cuenta en quienes han fallado de manera catastrófica a Guanajuato?
Si esa situación no se esclarece este lunes, cuando conozcamos la nueva política de seguridad pública para enfrentar la crisis construida por la desatención de los dos pasados gobiernos, será difícil esperar un cambio radical que genere esperanza.
2.- Fiscal de Guanajuato: surge primer nombre
Por cierto, la fecha fatal de la renuncia de Carlos Zamarripa está a 60 días de distancia y el tiempo le parece corto al fiscal para sacar a relucir todas sus superproducciones donde trata de convencer a un público que ya lo ha calificado, de que no todo fue tan malo.
Pero más allá de ese fútil esfuerzo, el interés de la opinión pública de Guanajuato, de su clase política y de los ciudadanos en general, está puesto en el relevo de un funcionario que llegó a pensarse como inamovible, pese a su notoria ineficiencia a lo largo de casi dieciséis años en Guanajuato.
Y los nombres empiezan a romper el velo de secretismo con el que se quiere manejar este delicado asunto.
Esta semana fue posible conocer uno de los prospectos cuyo perfil está siendo valorado por la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, que además embona con la estrategia de coordinarse al extremo con el gobierno federal y con Morena para compartir la responsabilidad de la difícil tarea de pacificar el estado.
Se trata del ex Comisionado Nacional de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Renato Sales Heredia, quien dejó su último cargo como Fiscal General de Campeche el pasado mes de junio, renunciándole a la gobernadora Layda Sansores después de haber sido el principal perseguidor del ex gobernador Alejandro “Alito” Moreno, hoy dirigente casi vitalicio del PRI.
Sales Heredia reúne experiencia en materias de procuración de justicia, pero también de prevención, además de una carrera política que incluye su paso por al menos 3 partidos: PRI, PT y Morena.
Su llegada como aspirante a la Fiscalía de Guanajuato no se daría sin acuerdos políticos previos. Sería ingenuo pensar que pudiera prestarse a ser relleno en una terna.
Lo que sí garantiza el abogado campechano es el voto favorable de la oposición morenista en el Congreso, por su innegable cercanía con ese partido. Quienes probablemente no quedarán muy conformes son los priistas, por el tema “Alito” Moreno. Incluso podría ser un factor de ruptura con el PAN.
De confirmarse esta noticia, podríamos decir que la tarea de recuperar la paz y la seguridad en Guanajuato quedará totalmente endosada al gobierno federal y a Morena, lo que tampoco hará muy felices a muchos panistas en Guanajuato.
3.- Auditorías de Antonio Navarro en manos de Arcelia González
La designación del operador político panista Antonio de Jesús Navarro Padilla como nuevo subsecretario de Operación para el Desarrollo Humano, en la Secretaría del Nuevo Comienzo, trae un problema aparejado: las auditorías que iniciaron a mediados de este año, cuando su relevo en Juventudes Gto, Aracely Reyes Márquez, encontró en la dependencia un desorden fenomenal.
Las auditorías tuvieron una utilidad inesperada cuando surgió el escándalo del “Pollo” José Luis Guerrero Méndez, funcionario de la jefatura de Gabinete que operaba junto con su esposa una red de contrataciones de eventos y catering, que logró acumular ingresos por más de 80 millones de pesos, buena parte de los cuales provenían del Instituto Estatal de la Juventud.
La existencia de una auditoría fue el pretexto para que la Unidad de Transparencia del gobierno estatal negara la información a los reporteros del diario A.M. que investigaban la trama de favoritismo y corrupción.
El escándalo pegó bajo la línea de flotación del Jefe de Gabinete de Diego Sinhue Rodríguez, el todopoderoso Juan Carlos Alcántara, quien sigue batallando a estas alturas para recuperar un espacio con margen de maniobra en el gobierno de Libia, aunque permanece en la imaginaria.
No fue el caso de Toño Navarro, quien ya logró colocarse en la poderosa subsecretaría que maneja la inversión social en Guanajuato y que dispone de buena parte del fabuloso presupuesto de más de 4 mil millones de pesos que maneja la Secretaría del Nuevo Comienzo, antes Desarrollo Social y Humano.
Navarro pinta para ser el nuevo operador electoral, en relevo de la estructura que encabezó Aldo Márquez el sexenio pasado, usando para ello el presupuesto de desarrollo social del estado.
La pregunta que surge entre muchos observadores, sobre todo los agraviados por la desaparición del Fidesseg, es si habrá quien le cuide las manos a Navarro Padilla ahora que manejará un gasto varias veces superior a los 324 millones de pesos que ejerció en Juventudes, y con los que encontró la manera de hacer festivales millonarios, congresos, conciertos y contrataciones, a proveedores de dudoso perfil.
Lo primero que sería necesario saber es la suerte de las auditorías que iniciaron en la pasada administración por parte de la hoy Secretaría de la Honestidad.
La priista Arcelia González, titular del área recién votada en el Congreso, tiene la palabra para saber si esa dependencia hace honor a su nombre o se asume igual que su antecesora, la Secretaría de la Transparencia, que terminó convertida en una de las áreas más opacas del gobierno y en una rémora burocrática absolutamente insustancial.
Con este episodio el Nuevo Comienzo nos hará saber si tiene entre sus prioridades el combate a la corrupción o si piensan seguir con la misma estela de encubrimiento y complicidad de los anteriores sexenios.
Arnoldo Cuéllar Ornelas
@arnoldocuellaro
Periodista, analista político. Fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, medio digital y asociación civil.
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