*Las campañas cierran en escenarios de violencia; *Impunidad criminal, legado de Alvar y Zamarripa; *Derechos humanos sujetos a cálculo electoral
1.- Violencia en campañas se ceba en militantes de Morena
La contienda electoral por la renovación de los poderes estatales y municipales de Guanajuato en 2024 será recordada por el agravamiento de la violencia homicida casualmente centrada contra candidatos y militantes de un partido político: Morena.
Inició con el asesinato de Gisela Gaytán, candidata de esa fuerza política en Celaya y está terminando con atentados mortales contra familiares de candidatos y militantes en Tarimoro y Pénjamo.
Los padres de dos aspirantes a alcaldes, el de Tarimoro, Saúl Trejo Rojas, y la de Pénjamo, Yozajamby Molina, fueron atacados con dos días de diferencia y ambos perdieron la vida.
Junto con Pedro Trejo Núñez también fue herido y falleció a la postre el militante y exfuncionario municipal Roberto Carlos Cabrera. En Pénjamo, Carlos Gerardo Molina Herrera, progenitor de la candidata a la alcaldía por Morena y consejero estatal de ese partido, fue abatido junto con otra persona que le acompañaba.
Tanto en Celaya como en Pénjamo hay amplias posibilidades de que los candidatos de Morena obtengan un triunfo.
Hasta ahora los pronunciamientos políticos son escasos y las campañas estatales no han hecho un alto ni sus liderazgos se han posicionado. Tampoco de parte del gobierno del estado se conocen reacciones. El silencio y las omisiones del secretario de gobierno Jesús Oviedo forman parte del paisaje político de Guanajuato.
Luego de su desafortunada intervención tras el asesinato de Gisela Gaytán donde trató de culpar al propio partido agraviado, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez ha guardado silencio.
Lo más delicado del panorama que se presenta es el tono de normalización, en el que incluso Morena participa cuando se observa que sus planteamientos son más bien apagados, casi de resignación.
Hay municipios de Guanajuato sobre cuya situación ningún partido quiere pronunciarse. La infiltración de células del crimen organizado en la política partidista parece haber sido aceptada ya por todos los actores. El silencio es estruendoso.
Las campañas concluyen este miércoles, pero su desarrollo durante los últimos noventa días nos deja claro que tanto el estado como los partidos están replegados frente a los avances de un fenómeno criminal que busca sofisticarse e invadir los espacios de representación.
Los mensajes que se encuentran detrás de los atentados contra familiares de candidatos pueden ser amenazas cumplidas, pero también mecanismos de amedrentamiento y vetos prácticos para definir el resultado de las elecciones.
Frente a ello, ni el órgano electoral, sin herramientas legales y políticas, ni la fiscalía del estado que ya se encuentra en el limbo de una inminente transición, ni mucho menos los partidos, fragmentados y confrontados, pueden plantear una contención.
Más allá del escenario nacional, lo que tenemos localmente es un incremento exponencial de la violencia dirigida a la actividad política, pero cuyo último destinatario es el ciudadano, a quien una abdicación de facto de la competencia electoral le limita sus opciones.
Llevamos tres elecciones donde hay asesinatos de al menos un candidato. En ninguno de los casos hay un esclarecimiento de las motivaciones, más allá de la captura de algunos sicarios cuya intervención incluso es dudosa.
En 2024, la violencia ha escalado a otras víctimas y el silencio persiste. Se trata de una pésima señal para la democracia y para el estado de derecho.
Y eso ocurre a la sombra de 33 años de ejercicio hegemónico de un solo partido político que ha controlado todos los espacios de poder: Congreso, Poder Judicial, prensa, organismos empresariales, incluso los partidos de oposición.
Ojalá en Guanajuato hubiera una Xóchitl, un Claudio X y un Krauze, dispuestos a encabezar la batalla contra esta dictadura perfecta.
2.- Un estado bajo fuego: la herencia del dominio panista
La lectura política que llevó a la candidata panista Libia Dennise García Muñoz Ledo a plantear “un nuevo comienzo” del dominio de su partido en Guanajuato, se mostró acertada.
Su planteamiento de rechazar desde el arranque la continuidad por 4 años más del fiscal Carlos Zamarripa y la ratificación de Alvar Cabeza de Vaca, no sólo fue bien recibido, sino que constituyó un acto indispensable de sobrevivencia para su proyecto.
Sin embargo, eso no ha sido suficiente para relanzar la candidatura a los niveles de control político que el PAN mostró en Guanajuato durante las últimas 5 elecciones, a lo largo de casi 30 años.
Hay dos factores que pueden estar pesando y tienen nombre: Miguel Márquez Márquez y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Se trata de los dos gobernadores sin los cuales no puede explicarse ni el dominio hegemónico del dúo de la seguridad, ni el abandono político de las tareas en ese renglón.
Tanto Márquez como Sinhue abandonaron la responsabilidad política de hacer del combate a la inseguridad una tarea de Estado.
Recordemos tan sólo el flaco perfil de la mayor parte de los secretarios de Gobierno, teóricamente coordinadores del área de seguridad, en ambos sexenios: Antonio Salvador García, Gustavo Rodríguez Junquera, Luis Ernesto Ayala, Jesús Oviedo.
La excepción es la propia Libia, a quien le bastaron 24 meses en el cargo para conseguir la candidatura al gobierno estatal, sólo por hacer lo que ninguno de los anteriores se propuso: devolver el carácter político a una dependencia hundida en la mediocridad burocrática y la procrastinación.
Durante 12 largos años, la lucha contra la creciente violencia e inseguridad se convirtió en un coto de poder policial, sin conducción política ni responsabilidad con la sociedad. Zamarripa y Cabeza de Vaca administraron a su conveniencia ese combate con nulos resultados para la paz del estado, pero pingües ganancias a su favor.
Y los responsables de esa omisión política grave, con consecuencias funestas para Guanajuato siguen allí: uno en la boleta electoral del senado y otro con sus funciones políticas disminuidas al mínimo y deseando que su tiempo constitucional acabe.
Por eso el “nuevo comienzo” no despega.
Y aunque Zamarripa y Cabeza de Vaca ya se van, dejando atrás un estado en llamas, lo cierto es que los responsables políticos del desplome de la paz en Guanajuato, gozan de la mayor impunidad.
Las encuestas de las últimas semanas establecen una ventaja estrecha de la candidata panista. De refrendarse su victoria, quizá la más comprometida de la historia del panismo en Guanajuato, se verá obligada a hacer realidad ese nuevo comienzo, alejándose de la influencia de sus predecesores en todos los terrenos.
Sólo así podrá establecer el piso firme para emprender los cambios mayúsculos que le urgen al estado y que no vendrán del reparto de dinero en tarjetas de cualquier color.
3.- Ley de Diversidad en el pantano electoral
Evidenciando que para las autoridades de Guanajuato, las políticas y las que presuntamente vigilan el cumplimiento de los derechos humanos, estos se encuentran sujetos a intercambios y cálculos de naturaleza política, el Poder Ejecutivo a cargo de Diego Sinhue Rodríguez se ha guardado por más de 90 días la publicación de la Ley para las Personas de Diversidad Sexual y de Género.
El 15 de febrero, de forma totalmente inusitada, los 36 diputados de Guanajuato, incluyendo los 21 del Partido Acción Nacional, votaron por unanimidad una iniciativa presentada originalmente por el Partido Verde y discutida no sin complicaciones en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, muchas veces saboteada por inasistencias de las diputadas de Acción Nacional que hacen mayoría en ese órgano.
La aprobación de la nueva ley fue leída como un acomodo de los grupos panistas, incluyendo los más extremistas y reacios a actualizar el marco legal de Guanajuato, a la mentalidad más aperturista de la candidata panista a la gubernatura Libia Dennise García.
Sin embargo, el festejo de la comunidad de la diversidad sexual y de amplios sectores que están de acuerdo con el máximo respeto a todos los derechos para todas las personas, ha quedado congelado por un acto unilateral de un solo individuo: el gobernador del estado.
Diego Sinhue, con más maña que fuerza, decidió dejar la ley en un limbo. No la vetó, para no confrontarse públicamente con la candidata panista, pero no la publicó en los tiempos habituales en que ocurre ese procedimiento. Sencillamente, guardó el avance en la visibilización de los grupos de la diversidad en un cajón, violentando de paso derechos humanos fundamentales.
Al respecto, llama la atención el silencio de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, a cargo del panista Vicente Esqueda.
En otros momentos, la dependencia ha sido empleada para dirimir debates en cuestiones de derecho: lo hizo cuando Gustavo Rodríguez Junquera intervino formalmente para dar la salida a las mujeres presas por abortar, en el gobierno de Juan Manuel Oliva, tras una sonora derrota en la arena de la opinión pública propinada por la organización Las Libres.
Lo hizo incluso Raúl Montero al recomendar la no aprobación de la defectuosa Ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que impulsaba el diputado perredista Isidoro Bazaldúa.
Esto no pasa en el Guanajuato del año 2024, donde el PAN vive su desgaste en el poder, tras uno de sus gobiernos más ineficientes y con el primer ombudsperson de abierta extracción panista.
La no publicación de una ley aprobada por unanimidad en materia de respeto y visibilización a la diversidad sexual y de género puede ser interpretada como otro de los muchos frentes ya abiertos entre el gobernador saliente, Diego Sinhue y la candidata panista, Libia Dennise.
El panismo deja en claro que en materia de respeto a derechos, no hay convicciones, sino simples cálculos políticos.
Arnoldo Cuéllar Ornelas
@arnoldocuellaro
Periodista, analista político. Fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, medio digital y asociación civil.
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