DÍAS DE GUARDAR Domingo 12 de mayo de 2024


*IEEG abona a la desconfianza en la recta final de las campañas; *Salgado Banda constructor de edificios al final del sexenio; *Zamarripa se despide confrontado con organizaciones sociales

1.- IEEG yerra y el PAN se asume como abogado de oficio

En su momento, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato fue una organización de vanguardia. Su ciudadanización se adelantó a los tiempos políticos nacionales por varios años y fue un ejemplo para el país.

En 1995 se celebró la primera elección fuera de las manos del gobierno, una de carácter extraordinario que lavó las dudas que tiñeron la elección formalmente ganada por el PRI en 1991, pero cuyo triunfador, Ramón Aguirre, nunca tomó posesión debido a la insurgencia ciudadana ante los señalamientos de fraude.

Hugo Villalobos, comerciante leonés y líder empresarial nacional, tuvo en sus manos la responsabilidad de construir el nuevo organismo a la par que preparaba unos comicios extraordinarios, tareas culminadas con éxito en un escenario nada sencillo. Hoy ha vuelto a la política como coordinador de los grupos civiles que apoyan la candidatura de oposición de Xóchitl Gálvez.

En abono de Villalobos hay que decir que nunca incurrió en tentaciones partidistas abiertas, lo que sí pasó en el caso de su sucesor, el médico José Ángel Córdova, diputado por el PAN, secretario de Salud de Felipe Calderón, aspirante a la gubernatura de ese partido y luego candidato a alcalde por el PRI.

Pese a esas inconsistencias históricas, el IEEG tiene un legado que cuidar y es justamente eso lo que se pone en riesgo con actuaciones como la registrada en el sorteo para determinar el orden de las participaciones en el debate de este domingo, denunciada por Morena hace unos días.

Primero fue el haber limitado los debates a uno solo, en lugar de tres, como reclamaban las candidatas de MC y Morena, Yulma Rocha y Alma Alcaraz. Ahora se agrega la sospecha sobre una maniobra absolutamente innecesaria al manipular el sorteo para el orden de las apariciones en el debate.

Más allá del malabareo de la funcionaria del IEEG con los nombres de las candidatas, queda claro que Libia Denisse García tendrá oportunidad de contestar todos los señalamientos de Alma Alcaraz, quien casualmente quedó en primer lugar en todas las rondas.

El tema no será relevante en el resultado de la contienda, en vista de que la elección no parece haberse cerrado en las preferencias, de que la campaña de Morena no pisó nunca el acelerador y de que el PAN está echando mano de todo el aparato y los recursos de sus gobiernos en el estado y los municipios.

En ese sentido, la tarea más importante del IEEG sería la de garantizar una elección impoluta que cierre las puertas a cualquier reclamo o litigio postelectoral, que no se resolverá en su cancha sino en la de la justicia electoral local y federal, pero a la vez disminuir la posibilidad de acusaciones que insinúan dudas sobre la legitimidad del triunfo muy probable de Libia García.

Sumarse con pequeñas triquiñuelas no le hará bien al propio IEEG, como un OPLE dependiente del INE. Menos aún abonará que esos deslices sean defendidos, con gran falta de tino, por la secretaria general panista Rosario Corona, pues lo único que hace es evidenciar la confluencia de intereses.

A estas alturas lo que está en juego ya no es tanto el resultado de la elección, como las batallas de la temporada postelectoral, pues la confrontación que se ha vivido en lo nacional y lo local no terminará necesariamente en los primeros días de junio.

Con lo que ha venido pasando, el caso de la reposición del candidato de Morena para la presidencia municipal de Celaya; la confrontación de la presidenta del IEEG con Ricardo Sheffield y hoy las dudas sobre la equidad en la organización del debate, el Instituto Electoral de Guanajuato se coloca en primera línea para las batallas políticas de la post elección.

Habría que agregar algo más: el IEEG de Guanajuato litigó contra la reforma electoral fallida de Morena, pero aceptó sin chistar la reforma impulsada por el PAN en el Congreso de Guanajuato, que adoleció de la misma falta de pertinencia y oportunidad.

Lo más patético es que el órgano electoral de Guanajuato ha actuado dando la impresión de cargar los dados, por acción o por defecto, sin que siquiera hubiera hecho falta.

2.- Salgado Banda: cuando heredas problemas

A marchas forzadas, cuando faltan 4 meses para el fin del gobierno, el secretario de Finanzas del Estado, Héctor Salgado Banda, está decidido a impulsar una obra complicada, que requiere de esfuerzos mayores de concertación y que le tocará ver concluida y paliar con sus consecuencias a la próxima gobernadora del estado: la construcción de un “distrito de gobierno” en los terrenos de la Expo Bicentenario en Silao.

La primera intención de licitar y asignar esta obra en el pasado mes de diciembre fracasó, ante la evidente improvisación con la que se estaba realizando el proceso. Para empezar, Salgado Banda, exdirector del ISSEG, presidente del consejo de esa institución y verdadero poder tras el trono en ella, convenció al gobernador Diego Sinhue Rodríguez de que la obra podría ser realizada con los recursos destinados a las pensiones de los trabajadores como una “inversión productiva”.

Resucitando una política que iniciaron los gobiernos priistas para emplear los fondos de pensiones como una caja chica, en este sexenio el ISSEG invirtió en crear una arrendadora que hasta ahora ha sido un fracaso tal en la generación de rendimientos que sus estados financieros y de resultados están blindados.

En 1991, al término del gobierno priista de Rafael Corrales Ayala, con el que concluyó una era, el entonces director del ISSEG Miguel Guerra y el secretario de Finanzas Antonio Merchant, utilizaron varios cientos de millones de pesos de la época para que el organismo descentralizado comprara el Hotel San Gabriel de Barrera al propio Gobierno Estatal dueño del activo, para solventar gastos de fin de sexenio.

En el gobierno de Juan Manuel Oliva se construyó la plaza comercial de Pozuelos, cuyas finanzas tampoco han redituado la cuantiosa inversión, además del mantenimiento constante que requieren. Estacionamientos y terrenos se acumulan, muchos de ellos inactivos o subutilizados, como el conjunto Estrella de León.

A principios del sexenio de Diego Sinhue Rodríguez, los activos inmobiliarios del ISSEG ascendían en libros a mil 136 millones de pesos a valor catastral. La construcción del distrito de gobierno duplicará esa cantidad, pues la parte del proyecto que se licitará pasando las elecciones se tasó en mil 59 millones de pesos.

Sin embargo, el mayor problema no parece ser el financiero. Los recursos del ISSEG han tolerado numerosos manejos de dudoso beneficio a lo largo de su historia, han sido invertidos en fondos de alto riesgo en el extranjero y se han prestado para compras fraudulentas de medicamentos que incluso fueron sancionadas en su momento por los órganos de fiscalización.

El verdadero problema vendrá después, cuando el distrito de gobierno quede concluido y la nueva administración que encabece la primera mujer gobernadora del estado, deba lidiar con la decisión política de trasladar a miles de empleados de gobierno desde sus oficinas de la capital del estado a las inmediaciones de Silao para su trabajo cotidiano.

Para el gobierno, que ya se va es una solución simplemente financiera, probablemente destinada a los apuros presupuestales de última hora (de alguna parte debieron salir los recursos gastados en la tarjeta rosa).

Pero no será así para una administración entrante que deberá hacer frente a una medida profundamente impopular, como lo será el modificar radicalmente las condiciones de trabajo de la burocracia estatal. La situación pondrá a prueba a la gobernadora y sus secretarios de estado justo en los inicios de su administración.

Salgado Banda y su protegido en el ISSEG, Ricardo de la Peña, no pueden volver a equivocarse en la nueva licitación. Cualquier problema que dejen vinculado a la asignación de la obra, su transparencia, su compromiso de ejecución en tiempo y forma, será revisado no por su actual jefe político, sino por quien encabece el Poder Ejecutivo después de la próxima elección, que por primera vez será una mujer.

Y será muy complicado heredar un quebradero de cabeza.

3.- Madres buscadoras: el mismo reclamo contra la fiscalía

En las recientes marchas de organizaciones de madres buscadoras, en una anti celebración del 10 de mayo, las consignas cambiaron poco. La desatención de la Fiscalía General del Estado a sus denuncias ha sido una constante. Las colectivas culminaron sus jornadas colocando mosaicos de fotografías en los muros de la dependencia que no las ha escuchado, en diferentes ciudades del estado.

En estos días se dio la localización de una nueva fosa en Abasolo, donde la presencia de las familias fue obstaculizada por el personal de la Fiscalía del Estado, hasta que intervino el comisionado de Búsqueda para lograr un acuerdo mínimo.

No habría que olvidar que Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal del estado y antes procurador, detuvo durante años los procesos de búsqueda de personas al impedir las denuncias de familiares y manejar el discurso de que en Guanajuato “no había desaparecidos”, usar como respuesta la figura de “persona no localizada” y negarse a abrir las carpetas respectivas.

Esa actitud, que compartió el anterior gobernador Miguel Márquez Márquez, sólo pudo ser combatida por la creciente y exitosa construcción organizativa de las colectivas de búsqueda, todavía reprimidas en el actual sexenio, situación a la que el movimiento terminó sobreponiéndose.

Hoy, las organizaciones de buscadoras son una de las expresiones sociales más fuertes y organizadas de Guanajuato. Tienen una gran presencia pública en distintos foros, su voz es escuchada e incluso, a pesar de su apoliticidad, mantienen interlocución directa con las tres candidatas a la gubernatura, particularmente con Libia Denisse García con quien algunas de estas colectivas dialogan desde sus anteriores cargos como diputada y secretaria de gobierno.

Quizá ahí se encuentra una de las razones fundamentales para la decisión ya tomada y anunciada por la candidata panista de que, en un eventual gobierno encabezado por ella, no habría espacio para la colaboración con un fiscal como Zamarripa.

Parece que no es solo un “rómpase en caso de incendio”. Ya veremos.

Arnoldo Cuéllar Ornelas

@arnoldocuellaro

Periodista, analista político. Fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, medio digital y asociación civil.

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