*El misterioso caso de los migrantes retenidos en Coahuila; *Esqueda convierte derechos humanos en vara de castigo político.
1.- Tráfico de migrantes: la conexión San Felipe
La movilización desatada por el gobierno federal y los de San Luis Potosí y Guanajuato, para localizar a 23 presuntos turistas guanajuatenses desaparecidos a su paso por San Luis Potosí en camino hacia la frontera norte, fue inédita. Guanajuato, particularmente, ha sido un estado omiso con sus desaparecidos, como pueden atestiguar centenares de familias de esas víctimas.
La iniciativa arrojó resultados, además de la localización del grupo originalmente buscado, que resultaron migrantes de Centro y Sudamérica y no turistas de San Felipe, transportados en vehículos comerciales de la empresa turística Eifel, con base en León, que en caso de transportar personas indocumentadas estaría incurriendo en una grave irregularidad.
También fueron encontradas 82 personas más, la mayoría extranjeros indocumentados en tránsito, retenidos por presuntos grupos del crimen organizado.
Hubo que lamentar la pérdida de la vida de uno de los conductores de la empresa transportista de Guanajuato, Joel Juárez Sánchez, quien según referencias de la empresa y sus compañeros, tenía una trayectoria intachable.
Casualmente, no hubo detenidos como responsables de esta enorme operación de secuestro, solo dos personas son reportadas con presunta responsabilidad, un dato que para nada se correlaciona con la cantidad de víctimas.
Así, en unos días, pasamos de “turistas” a migrantes; de “asalto” a privación ilegal de la libertad; de 23 a 105 víctimas.
Llama la atención la actitud del alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado, quien afirmó desde el 5 de abril que los desaparecidos de San Felipe estaban a salvo y en camino a su destino, sus fuentes eran “los familiares”.
Hoy se sabe que solo dos personas eran originarias de comunidades de San Felipe, no así los otros 21; se sabe que la mayoría eran extranjeros indocumentados y había dos choferes, ¿qué interés tenía el alcalde en dar una versión edulcorada del terrible hecho?
Ante qué estamos: ¿existe acaso una red bien organizada para transportar de forma ilegal migrantes desde Guanajuato a la frontera? ¿Se presta para ello una empresa de turismo de la ciudad de León? ¿Por qué las camionetas salieron de San Felipe y por qué el alcalde se puso tan nervioso y trató de minimizar los hechos?
El tema de la migración, su tratamiento desde instancias oficiales y los particulares que se puedan estar aprovechando de la necesidad de quienes quieren viajar a la frontera norte, está convertido en un foco rojo que nadie parece estar atendiendo y al que sólo se le otorgó atención después de la tragedia de Ciudad Juárez.
Ello ocurre pese a que Guanajuato cuenta desde hace 4 años con una Secretaría del Migrante, a cargo de un titular que sólo parece hacer propaganda para conseguir su próximo trabajo político: el méxico-americano Juan Hernández.
El caso San Felipe no ha concluido, parece que no ha hecho más que empezar.
2.- Un ombudperson con agenda política relega derechos humanos
Uno de los momentos más bajos de la procuraduría de los derechos humanos del estado de Guanajuato ocurrió cuando el anterior titular de la dependencia, Raúl Montero de Alba, se puso a la disposición del entonces gobernador Miguel Márquez Márquez para salvar la crisis en la que se encontraba la entonces Procuraduría de Justicia de Guanajuato, después de un operativo de sus fuerzas especiales que concluyó con la muerte de tres niños en una finca a las afueras de San Miguel de Allende.
La fallida operación por medio de la cual se pretendía sorprender a un grupo criminal concluyó en la muerte de los niños de 4, 8 y 11 años de edad y con una indignación generalizada en esa comunidad que se convirtió en un escándalo nacional, uno de los primeros con Carlos Zamarripa como protagonista.
El control de daños movilizó al gobierno en su conjunto y ahí fue donde Miguel Márquez citó a su despacho al tambaleante procurador de los derechos humanos Montero de Alba, quien aceptó la misión de negociar con el matrimonio padre de los niños, cerrando un círculo en torno a la madre para que depusiera su inicial declaración de que habían sido torturados, encañonados y había escuchado disparos con los policías ya en control de la situación.
El escándalo se procesó judicialmente con una autoincriminación de Antonio, el padre de los menores, una pena atenuada y beneficios económicos proporcionados por el estado a la madre. Fue una operación de estado a la que se prestó el procurador de los derechos humanos.
Pues bien, esa actuación parece estar siendo superada por el actual ombudsperson de Guanajuato, Vicente Esqueda Méndez, el primero de abierta filiación panista y en búsqueda afanosa de reivindicación y acercamiento con el poder tras el pecado de haber operado a favor de Fernando Torres Graciano en la pasada contienda por la gubernatura, lo que le costó dos años fuera de las jugosas nóminas gubernamentales.
El pasado 27 de marzo, Esqueda emitió una recomendación dirigida al municipio de León en la cual determina que diversas declaraciones otorgadas a medios de comunicación por parte del primer síndico, José Arturo Sanchez Castellanos, lesionaron los derechos humanos del ex tesorero de León Enrique Sosa Campos, en relación al caso del jardín de niños Juan Aldama, la mitad de cuyo predio fue cercenada en una compleja operación jurídico-administrativa encabezada por dicho funcionario, para a la postre ser vendida en subasta pública al empresario Gabriel Padilla Cordero, con la finalidad de ampliar un jardín y construir una alberca.
Casualmente, Esqueda evitó entrar a los pormenores del asunto, los cuales por cierto no están concluidos, pues la decisión del Tribunal de Justicia Administrativa que consideró a Sosa sin responsabilidad aún puede ser combatida. El flamante defensor de derechos humanos del oficialismo panista ignoró olímpicamente los intereses superiores de la niñez que están implicados en el despojo de una institución educativa destinada a alumnos en la más temprana edad escolar.
Tampoco se hace cargo de que la situación fue a tal grado insostenible en términos éticos, que el propio Padilla Cordero beneficiado del despojo a través de un prestanombres, ha reiterado en dos cartas al ayuntamiento su voluntad de regresar el predio a cambio del reembolso de la cantidad erogada, por cierto muy inferior al valor que el terreno adquiriría una vez que fuese incorporado a la propiedad residencial del empresario.
La recomendación a la que se prestó el flexible procurador de los derechos humanos se enmarca en una operación de estado que solo pudo ocurrir con un beneplácito del más alto nivel, con ello supera el grado de ignominia de su antecesor Montero de Alba, pues ni siquiera se trata de salvar la honra de un alto funcionario, sino de un burócrata de nivel medio, lo que deja la sensación de que Sosa solo fue el eficiente ejecutor de órdenes muy superiores.
La intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos para castigar la osadía de Sánchez Castellanos de haber abanderado la recuperación del terreno del kínder, lo único que deja en evidencia es la identidad de quien se asume como el mayor afectado por la frustración del magnánimo regalo otorgado desde el poder a un “amigo”.
La disposición de Esqueda a sancionar una denuncia de hechos ignominiosos con el viejo argumento del daño al honor, deja claro que actúa por consigna y que esa consigna sólo puede provenir de un lugar: donde se dio el visto bueno a su reivindicación política: la oficina del gobernador del estado.
Enrique Sosa Campos, el eficiente artífice que despojó al kínder, lo convirtió en “baldío inutilizable” y lo vendió en una subasta pública aprobada por todo el cabildo con información incompleta, no solo tiene un puesto de subsecretario en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, sino que ahora también recibe con envoltorio de regalo una reivindicación política, disculpas públicas y hasta un tratamiento sicológico para atemperar lo que ha sufrido. Eso solo puede ocurrir cuando se goza de una protección generada desde la complicidad.
Olvidadas en el camino quedan la protección a los derechos de los niños y niñas, el carácter superior del tema educativo, la recuperación del terreno para la escuela y las medidas de no repetición para que funcionarios en el futuro tengan tentaciones similares.
Con este asunto, Esqueda ha invertido los términos de la justicia y ha convertido en víctima al perpetrador material de un abuso flagrante, mientras convierte en victimario a quien pretendía reparar el daño. Es el mundo al revés en el estado que quiere presumirse como ejemplo para México.
José Arturo Sánchez Castellanos, el ex líder empresarial que buscó incorporarse al servicio público para contribuir a la lucha contra la corrupción, hoy ya sabe cómo se las gastan los políticos y en qué niveles se encuentra la perversión de los fines del poder en Guanajuato.
Queda por saber si está dispuesto a someterse y convertirse en otro político del montón.
La alternativa es recorrer el nada fácil camino de la dignidad.
Arnoldo Cuéllar Ornelas
@arnoldocuellaro
Periodista, analista político. Fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, medio digital y asociación civil.
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