Los propietarios alegan varias anomalías en la negativa para que operen y también en la validación de nuevos centros que no han comenzado a funcionar; acusan dilación del Tribunal de justicia Administrativa para resolver las demandas
A poco más de un año de que termine su gobierno, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo arrastra con una crisis que surge de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), ante los señalamientos de presunta corrupción y 20 demandas que están en trámite ante el Tribunal de Justicia Administrativa por negar la autorización para que operen 47 centros de verificación vehícular.
Al inicio del sexenio, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo creó la SMAOT e invitó a la poblana María Isabel Ortiz Mantilla, a quien conoció cuando fue diputado federal, a ser la titular. Su excompañera en la Cámara de Diputados es ahora señalada por la asociación de verificentros por el mal trato, imponer disposiciones legales y la presunta corrupción de uno de sus colaboradores.
En diciembre de 2022, en las vísperas de las fiestas navideñas, la SMAOT publicó un nuevo reglamento para la operación de los centros de verificación y dio apenas 20 días para que los propietarios cumplieran con los requisitos si querían renovar la autorización por cinco años.
Sin embargo, la SMAOT aseguró que desde el año 2017 ya venía establecido en el reglamento que tenían que contar con la acreditación para poder seguir operando.
La nueva disposición incluyó que los centros de verificación ahora deberían contar con una certificación como unidades de inspección que únicamente otorgan dos organismos en el país: Mexicana de Acreditación (MAAC) y la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Hasta el 31 de enero había 139 centros de verificación en operación en Guanajuato. Con apenas 20 días para cumplir con una certificación que puede llevar hasta 240 días naturales, a partir del 1 de febrero pasado se quedaron sin autorización para operar 47 centros de verificación en el estado.
La SMAOT rechazó el comprobante de que estaba en proceso la acreditación de algunos de los centros, lo que llevó a varios municipios a quedarse sin los también llamados «verificentros», saturando los centros en operaciones y obligando a los propietarios de vehículos a trasladarse a otros municipios para evitar multas impuestas por las autoridades municipales.
Eloy Juárez Ramírez, abogado que representa a titulares de centros de verificación inconformes con el actuar de la SMAOT, precisó que el plazo fijado por la dependencia estatal para entregar la certificación fue del 26 de diciembre de 2022 al 13 de enero de 2023, por lo que sus clientes promovieron 20 demandas de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
«La mayoría de los centros hicieron sus trámites ante las entidades acreditadoras, cuando les tocó llevar sus documentos para la convocatoria que lanzó la SMAOT, al ver la imposibilidad material de llevar la autorización presentaron los comprobantes de que ya estaban dentro del proceso. La SMAOT de mala manera les rechazó su proceso de solicitud porque solo acreditaron que estaban dentro del proceso».
El documento en el que se notificó a las personas propietarias de los 47 centros que no podrían seguir operando está firmado por el director de Gestión de la Calidad del Aire, Carlos Aarón Ávila Plascencia, aunque de acuerdo con el abogado Juárez Ramírez, éste no tiene las facultades legales para hacerlo, sino que es competencia directa de la titular de SMAOT.
Contrario a lo señalado por el abogado, la secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla, aseguró que el funcionario tiene las facultades para firmar los documentos.
“Las atribuciones que tienen permiten hacer la firma, no es la primera vez, no hemos recibido ningún tipo de recomendación”, sostuvo.
También sostuvo que los propietarios de los centros tuvieron cinco años para cumplir con los requisitos establecidos en la Norma 047, porque desde 2017 les avisaron que debían gestionar la certificación, pero no todos cumplieron.
“Cuando yo llegué a esta Secretaría, en las reuniones que tuvimos en 2019, se lo dijimos. Eso ya lo sabían, entonces teníamos centros que sí cumplían, que incluso ellos señalaban por qué permitimos que siguieran operando los que no cumplían con la acreditación. Terminaba siendo poco equitativo y un riesgo para el ciudadano que iba a un centro de verificación y no estaba acreditado”, agregó Ortiz Mantilla.
El cierre de 47 centros de verificación trajo como consecuencia que habitantes de municipios como Abasolo, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Huanímaro, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide y Tarimoro, se quedaran sin un centro para llevar a verificar sus vehículos y así evitar multas.
Además, otros municipios como Guanajuato capital y León vieron saturados los centros que mantuvieron abiertos, porque tuvieron que cubrir el servicio a automovilistas que viajaban de otros municipios.
Alma Leticia Juárez, presidenta de la asociación de centros de verificación, comentó como ejemplo que en Guanajuato capital quedaron en operación únicamente dos centros para verificar 80 mil vehículos.
A finales de mayo pasado, después de lanzar una nueva convocatoria, la SMAOT otorgó 19 nuevas autorizaciones para centros de verificación vehícular, y aunque cubrió 11 de los 13 municipios que se habían quedado sin centro, no se otorgó a las personas que tienen una inversión millonaria en el equipo, sino a otras que al no contar con la infraestructura y equipamiento siguen sin ofrecer el servicio.
Tal es el caso de la autorización otorgada a un particular en San Felipe, quien desde mayo pasado tiene los permisos, pero todavía no pone en operaciones el centro de verificación porque cuando presentó su documentación apenas tenía el terreno y el permiso de uso de suelo, está pendiente la adecuación.
La SMAOT fijó al 30 de septiembre la fecha límite para que los nuevos centros inicien operaciones, pero en esta ocasión dio 3 meses más para que obtengan la acreditación como unidades de inspección plazo mayor al que otorgó quienes ya habían hecho la inversión.
Después de las 19 nuevas autorizaciones, Pueblo Nuevo y Purísima del Rincón se quedaron sin centro de verificación. Además, de los 47 centros a los que SMAOT negó la autorización en enero pasado, dos de ellos la recuperaron porque fue en la última semana de enero que recibieron la acreditación, pero la primera respuesta de la Secretaría fue que estaban fuera de tiempo.
Alma Leticia Juárez compartió que Pueblo Nuevo no tendrá centro de verificación porque la propietaria decidió no acompañar el litigio en contra de la SMAOT.
«La titular del centro en Pueblo Nuevo no entró a la demanda, me dijo que a lo mejor vendía el equipo porque ya estaba cansada de tantas injusticias y tantos gastos. Ella ya va a cerrar».
Inconsistencias en rechazo a autorización
En el proceso legal que iniciaron 20 representantes de centros de verificación a los que la SMAOT negó la autorización para operar a partir de febrero de 2023, el abogado que les representa encontró cuatro inconsistencias que podrían llevar a la anulación del proceso administrativo; es decir, a revocar la negativa para que operen los centros de verificación.
Eloy Juárez Ramírez explicó que una de las fallas más graves es que el director de Calidad del Aire de la SMAOT se haya tomado atribuciones que no le corresponden conforme a la Ley, como el firmar documentos en los que rechaza el proceso de los centros de verificación a los que se les negó que siguieran ofreciendo el servicio.
En entrevista, comentó que los cuatro agravios en los que se sustentan las 20 demandas que promovieron ante el Tribunal de Justicia Administrativa son:
- La persona que rechazó la nueva autorización fue el director de Gestión de la Calidad del Aire, Carlos Aarón Ávila, cuando es una facultad directa de María Isabel Ortiz Mantilla, como titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.
- La SMAOT dio apenas 20 días para presentar la certificación como unidad de inspección que solo otorgan dos instituciones a nivel nacional, lo que resultaba «materialmente imposible», al tratarse de un proceso que lleva más de 240 días naturales.
- Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad se cambia el término «verificación» por «inspección», y de ahí que la SMAOT haya publicado un nuevo reglamento en diciembre de 2022 para incorporar la «inspección»; sin embargo, están vigentes otras normativas a nivel federal como la NOM-47 que hace referencia a la verificación.
- La SMAOT fue omisa por no notificar a la persona titular del centro de verificación sobre la resolución y el dictamen técnico que se elaboró al momento de negar la autorización para operar por otros cinco años más.
Además, durante el proceso legal de las 20 demandas que se promovieron ante el Tribunal de Justicia Administrativa, encontraron documentos sin los sellos legales de autenticidad para comprobar que los 92 centros a los que sí les permitieron seguir operando tienen la certificación como unidades de inspección.
En la documentación que entregó la propia SMAOT al TJA como medio de prueba del cumplimiento de otras personas, el abogado Eloy Juárez Ramírez encontró tres presuntas irregularidades:
- En la acreditación expedida por EMA se presenta un documento con logotipo, el nombre y la firma del director, pero no trae el número de registro ante la Secretaría de Economía, un requisito indispensable para que el escrito tenga validez.
- En el expediente no se incluye la identificación de quien firma como director de EMA, para que se acredite como la persona responsable legalmente.
- Las hojas con las acreditaciones son copias simples digitales, sin al menos una firma electrónica.
«La SMAOT no debió darles el valor de autenticidad a estas supuestas acreditaciones porque no traen firmas originales, ni firma electrónica y del número de registro de la entidad acreditadora. Hay dudas en el buen procedimiento y en los buenos criterios que a la postre nos pueden llevar a actos de corrupción porque cómo les dan por buenos documentos que no son auténticos», sostuvo el abogado.
De acuerdo con el criterio de Eloy Juárez, los 92 centros a los que la SMAOT permitió seguir en operaciones a partir del 1 de febrero no han acreditado fehacientemente sus certificaciones.
En las pruebas que entregó la SMAOT al Tribunal de Justicia Administrativa tampoco se incorporaron los anexos técnicos para corroborar que las certificaciones cuentan con los criterios de autenticidad.
En este sentido, Alma Leticia Juárez Ramírez, representante de la asociación de los centros de verificación, presentó una denuncia en contra del director general de Calidad del Aire, Carlos Aarón Ávila Plascencia, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, al presumir que el servidor público cometió faltas graves en el desempeño de sus funciones.
La denuncia ante la Secretaría de la Transparencia está fechada el 15 de junio de 2023, aunque fue hasta el 3 de julio pasado que se notificó a la denunciante del inicio del proceso desde la Dirección de Investigación B, área en la que está al frente Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, excontralor del municipio de León.
Respecto a la denuncia, la titular de SMAOT confirmó que fueron notificados del proceso que inició la Secretaría de la Transparencia, pero insistió en que han actuado conforme a Ley.
“Que la Secretaría de la Transparencia revise lo que se tenga que revisar y acataremos las instrucciones que correspondan”.
Dilata TJA resoluciones
Las 20 demandas que están actualmente en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) fueron promovidas en los primeros meses del año por propietarios de diferentes centros de verificación de municipios como San Felipe, Guanajuato, Irapuato, Salamanca, León, Abasolo, Apaseo el Grande, entre otros.
De acuerdo con el abogado Eloy Juárez Ramírez, en 16 asuntos ya se agotaron las audiencias de alegatos; es decir, están en la última etapa del proceso, y aunque la normativa vigente establece que el TJA tiene 10 días después de la audiencia de alegatos para emitir una resolución, todavía no hay ningún pronunciamiento.
Expuso que el caso del centro de verificación de San Felipe fue el primero del que se agotó la audiencia de alegatos y fue el día 26 de mayo, pero a punto de terminar julio todavía no hay resolución.
«La irregularidad a los tiempos que establece la Ley en automático se da, porque se establecen 10 días después de tu audiencia de alegatos, y se ha vuelto muy recurrente en el Tribunal de Justicia Administrativa. Los magistrados argumentan que tienen mucha carga de trabajo y van sacando los asuntos de acuerdo a como van formados», comentó el abogado.
Sin embargo, señaló que el cúmulo de asuntos que pudieran llegar a tener en el TJA no son un pretexto para dejar de cumplir con lo que establece la legislación, y recordó que hace años era menos el personal que había en cada sala y no había tanto retraso.
«Hoy tienen más infraestructura, tecnología, personal, y el retraso es muy preocupante».
También dijo que existe la duda entre las personas demandantes y el despacho de abogados que llevan los casos de que el retraso se deba a una presunta intervención directa del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien ha mantenido a María Isabel Ortiz Mantilla al frente de la SMAOT, después de traerla de Puebla para que se integrara su gabinete.
«Ojalá no haya una línea del gobernador de que nos den las sentencias en contrario. Desde mi punto de visto como abogado, apegado totalmente al tema jurídico, con los cuatro conceptos de agravio que sustentan nuestra demanda de nulidad no detectamos por dónde los magistrados puedan decirnos que no son existentes los puntos de agravio».
Además de la nulidad del acto administrativo de la SMAOT, el equipo de abogados buscan que se repare el daño de las personas titulares de los centros de verificación a las que se les negó la autorización, varios de ellos están en riesgo de quiebra, pues en 2017 adquirieron el equipamiento para hacer las verificaciones en versión dinámica a través de créditos por varios cientos de miles de pesos.
Enfrentan pérdidas millonarias y malos tratos de Mantilla
Alma Leticia Juárez, representante de la asociación de titulares de centros de verificación, expuso que las pérdidas que han tenido desde febrero se pueden cuantificar en varios cientos de miles de pesos porque siguen pagando el sueldo a los empleados, a la espera de que se resuelva el tema legal y puedan volver a operar.
Comentó que en 2017, con las nuevas disposiciones para invertir en equipamiento y convertirse en centros de verificación dinámicos, además del equipo hicieron inversión en el predio para instalarse, uniformes para el personal, cámaras y más, monto que se estima en millones de pesos.
«Con el tiempo nos dimos cuenta que muchos de los caprichitos que nos pedían no eran necesarios, pero era muy costoso».
A pesar de cumplir con todos los requisitos que entonces impuso el Instituto Estatal de Ecología, ahora con Isabel Ortiz Mantilla como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial se limitaron los tiempos para cumplir con un reglamento que salió los últimos días de diciembre y la titular de la dependencia se ha cerrado al diálogo.
«Los centros de verificación tenemos una inversión millonaria, tenemos fuentes de empleo, de cinco a ocho empleados que dependen de la fuente de trabajo, y mientras el gobernador está diciendo la preocupación de que la gente tenga empleo, ellos lo quitan».
La estimación que tiene la asociación es que cada centro de verificación al que se le negó la autorización en enero pasado tiene pérdidas mensuales de hasta 100 mil pesos, porque además de los sueldos varios de ellos rentan el espacio donde tienen instalado el equipo.
Alma Leticia Juárez expuso que desde hace cuatro años ha buscado una audiencia con María Isabel Ortiz Mantilla, sin tener éxito. A partir de que se les negó la autorización volvieron a buscar a la titular de la SMAOT, dependencia creada en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez, pero al no tener respuesta, se envió un correo electrónico al gobernador para que escuchara sus demandas.
La respuesta que dio Rodríguez Vallejo por escrito fue dirigir a las personas inconformes a reunirse directamente con Ortiz Mantilla.
«Me la encontré bien enchilada y me dijo que cómo era posible que le hiciera eso (ir directamente con el gobernador en busca de una reunión), pero yo la estaba buscando y no me daba la cara. Le pedí una explicación porque somos 47 centros, y solo me dijo que no teníamos la acreditación y no nos iba a dar la autorización».
Reclamó que la SMAOT diseñó y publicó un nuevo reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en materia de Verificación Vehícular, sin socializar el contenido con quienes son propietarias de los centros de verificación.
«Es un monstruo, es una Secretaría, tienen incremento de personal, pero no dan resultados», sostuvo.
Carmen Pizano
@CarmenPizanoL
Comunicóloga. Reportera apasionada del periodismo. Aguerrida por naturaleza. Fundadora del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, medio digital y asociación civil.
