*Defensa corporativa de Zamarripa no de las víctimas; *Diego y Libia: el reparto de las decisiones; *León: ante la crisis de agua, la irresponsabilidad
1.- Nadie defiende a Diego, todos encubren a Zamarripa
La crítica esbozada esta semana por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la situación de inseguridad en Guanajuato, no tuvo como objetivo central el desempeño de Carlos Zamarripa, sino que escaló a una abierta descalificación de las capacidades políticas y de autodeterminación del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Con colmillo retorcido, el mandatario federal decidió revelar los entresijos de su petición para que se diera un cambio en Guanajuato en materia de procuración de justicia, en una charla informal con el ejecutivo guanajuatense. El dardo envenenado vino en un detalle: la respuesta a la proposición no surgió de quien la recibió, sino del propio fiscal guanajuatense: forma es fondo, diría el clásico.
Ya enfilado, AMLO no quiso dejar nada a la imaginación y recalcó que si bien Sinhue es buena persona, eso no es suficiente para desempeñarse en política o en cualquier otro terreno. La descalificación fue total, Zamarripa solo fue el vehículo de un señalamiento de mayor alcance, dirigido a quien por hoy encabeza la estructura panista que gobierna al estado desde hace más de 3 décadas.
La respuesta desde Guanajuato no tardó: la encabezó la firme precandidata a suceder a Sinhue, la secretaria de Desarrollo Social Libia Denisse García Muñoz Ledo. A ella le siguieron los representantes del empresariado local que orbitan en torno al gobierno panista: Enrique Aranda, de CMIC, e Ismael Plascencia, de Concamin.
Sin embargo, en lugar de proceder a la defensa del gobernador, de sus capacidades políticas y de su control del aparato de poder local, todos los mencionados salieron a elogiar y justificar a Carlos Zamarripa, justamente el funcionario señalado por López Obrador como el verdadero poder tras el trono en el gobierno de Guanajuato.
Es decir, más pronto que tarde, los políticos y empresarios de Guanajuato que saltaron al debate no solo no contradijeron a López Obrador, sino que le dieron la razón: a quien hay que proteger y defender en Guanajuato no es a Diego Sinhue, sino a Carlos Zamarripa.
Poco les importó a la precandidata y a sus escoltas empresariales que en esa misma semana se recrudecieran los asesinatos en la entidad, se supiera que continúa el maquillaje de cifras en la fiscalía del estado, que una ola de homicidios contra deportistas cobrara su cuarta víctima en León, quien además había sobrevivido y denunciado un atentado, además de que el INEGI documentara el mal ambiente laboral de la FGE que es la campeona de rotación de personal a nivel nacional.
La decisión de quien busca heredar el poder panista en Guanajuato
de salir a poner la cara por un fiscal que lo menos que muestra es una acentuada incompetencia, tomando en cuenta la cantidad de recursos puestos a su disposición, sugiere que el mismo pacto aceptado por Sinhue en 2018 continuará con Libia en 2024: la condición para ser candidato del PAN es proteger a Zamarripa y su estructura de poder político-policial y no atender y mejorar la violencia y la inseguridad que padecen los guanajuatenses.
El hecho de que connotados empresarios favorecidos en sus negocios personales por su cercanía al poder estatal, acudan en caravana a hablar bien de Zamarripa en detrimento de las víctimas del fallido combate a la impunidad, nos habla de cómo las organizaciones intermedias del sector privado ya no ejercen una digna representación social, sino que solo son pilares y correas de transmisión del grupo gobernante.
El líder constructor Enrique Aranda llegó al extremo de fundar su defensa en el brillante argumento de que “hay peores fiscales”, lo cual evidencia no una convicción, sino solo improvisación y el hecho de que lo mandaron a la batalla sin teleprompter.
Luego de esta cadena de eventos desafortunados, lo único que queda claro es que el verdadero hombre fuerte de Guanajuato, el poder ante el que todos se inclinan y abandonan el buen juicio, es el fiscal todopoderoso, quien hoy por hoy está por encima del Congreso, de los jueces, del gobernador y hasta de la inclemente realidad que nos ha impuesto.
Mucho se critica el desvanecimiento de la institucionalidad republicana en el espacio federal, pero nada se dice de la desaparición de la división de poderes en la entidad.
Y tan mal lo uno como lo otro, pero al menos en el caso nacional hay crítica y hay resistencia. En lo local, solo se ve silencio y complacencia.
2.- Diego hereda a Libia el espacio pero no las decisiones
El retiro del espacio público del gobernador Diego Sinhue Rodríguez para ceder los reflectores a la secretaria de Desarrollo Social, Libia García, es inocultable y se vuelve tema del análisis político en los medios.
Sin embargo, una cosa es ceder el protagonismo en toda clase de foros a la funcionaria que en pocas semanas estará ya en abierta campaña, una vez que se cumpla el expediente simbólico de designación por parte de los órganos del panismo local, y otra muy distinta el traspaso del verdadero poder.
El efectivo bastón de mando en el panismo de Guanajuato es el que sirve para conformar la próxima plantilla gobernante: los 36 candidatos a diputados locales, los 15 candidatos a diputados federales, los dos candidatos al Senado y los 46 aspirantes a alcaldes con sus respectivas planillas.
El diseño del equipo político con el que gobernará quien resulte ganador de la próxima elección estatal, debería corresponder al candidato o la candidata a la gubernatura, incluso por encima del mandatario que terminará su mandato el próximo 25 de septiembre.
Esto no ocurrió así en el relevo entre Miguel Márquez y Diego Sinhue, hace cinco años. La debilidad del candidato a gobernador, cuyo mayor sostén era el dedazo del mandatario saliente, se reflejó en un protagonismo exacerbado de Márquez quien conservó la voz cantante en las designaciones de candidatos, producto de lo cual gozó de una desmedida influencia durante los tres primeros años del actual gobierno.
MMM no solo dejó alcaldes, diputados, dos senadores, sino que le heredó a Sinhue la mitad de los puestos en el gabinete y a un procurador que se convertiría en fiscal general autónomo.
¿Pretende Diego hacer algo parecido en su relevo? Probablemente él no, pero sí en cambio su grupo de influencia política, encabezado por Juan Carlos Alcántara, un jefe de gabinete tan poderoso como discreto, una verdadera eminencia gris, al que le reportan y se le cuadran los alcaldes de todos los partidos, la mayoría panista y casi todas las oposiciones.
Alcántara ha aparecido al lado de Libia en forma constante, la ha reunido con las diversas agrupaciones del aparato panista: los diputados, los funcionarios del gabinete, los alcaldes. Ha dejado su marca y su mensaje de continuidad.
Por eso la entrega del mando parece estar ocurriendo sólo a medias: en la imagen, Libia es la dueña del escenario y la heredera en la que ha puesto sus complacencias el gobernador Diego Sinhue. En el terreno de la política real, la cadena de transmisión de esa cesión de mando la opera de forma directa Alcántara y estará presente en la mesa donde se asignen las posiciones para la elección del 2024.
A ello hay que agregarle que el jefe de gabinete es también el verdadero controlador del dirigente panista Eduardo López Mares, con quien Libia ha marcado distancia al haber incorporado a su equipo a la ex secretaria general confrontada con el líder blanquiazul, Rosario Corona Amador.
Todo parece indicar que a la par que libra una cerrada batalla por la elección, la aspirante panista a ser la primera gobernadora mujer también deberá construir casi desde cero su margen de maniobra al interior de su propio partido. Será una verdadera prueba de fuego.
3.- Canaco León: voracidad e irresponsabilidad
La crisis de abasto de agua para las necesidades más elementales ha llegado a León. Casi cien colonias del norte de la ciudad han vivido cortes de cuatro días a la semana, aunque en muchas de ellas el agua llega por las tuberías una sola vez cada siete días.
La falta de lluvias durante el temporal de 2023 obliga a esperar un agravamiento de la situación. La única solución sería la de expropiar por razones de utilidad pública pozos particulares, que abundan en la ciudad, muchos de ellos con carácter clandestino.
Una razón fundamental para una decisión de esa magnitud sería el mercado negro de agua que vive la ciudad mediante pipas, algunas de ellas propiedad de servidores públicos. La red de venta de agua clandestina prospera en medio de la escasez y ante la insuficiencia del servicio público.
Sin embargo, el problema de fondo es qué hacer frente a un horizonte que no parece tener una solución en el futuro inmediato. Una cuestión imposible ya de soslayar es la regulación del crecimiento de la ciudad, afectada por un desarrollismo especulador que atenta contra las bases mismas del equilibrio social.
Una prueba de ello es el complejo City Center al norte de la ciudad. Donde tres torres de oficinas y departamentos recibieron autorización del anterior Ayuntamiento, con un gasto de agua aprobado de 300 millones de litros anuales, esto mientras en las colonias vecinas se sufren las restricciones de los tandeos.
Cuando se dieron estos permisos, en el gobierno de Héctor López Santillana, con una manifestación de impacto ambiental complaciente, el complejo era propiedad de inversionistas leoneses cuya principal línea de negocios eran los bares y restaurantes. Hoy los propietarios son un fondo de inversiones encabezado por Jerónimo Gerard Rivero y el empresario leonés Gabriel Padilla Cordero, el mismo que recibió la mitad de un kínder para construir su alberca, de parte del mismo López Santillana.
Naturalmente, estos inversionistas una vez que logran su objetivo de comercializar los espacios, desaparecen. Dejando a sus clientes con los problemas de la insustentabilidad y del resentimiento social.
Sin embargo, pedir a los especuladores que dejen de lucrar con las expectativas y el consumismo no parece una opción viable, si lo es en cambio demandar a las autoridades que regulen el crecimiento en base a la aplicación de una planeación realista y del cumplimiento de normas estrictas.
Qué pobre se observa la concepción de desarrollo de un empresario como Alejandro Arena Barroso, presidente de la Canaco León y socio de desarrollos como Plaza Mayor y Altacia, al asegurar que “la falta de agua no debe frenar el desarrollo”.
Parece que la voracidad empresarial no tiene límites, ni siquiera cuando choca contra realidades apabullantes. Lo peor es que este líder empresarial no se limita a ese papel, sino que también es consejero de Sapal, evidenciando un brutal conflicto de interés.
Lo grave es que, en sus despropósitos, estos empresarios se llevan entre las patas a la comunidad, evidenciando una falta absoluta de responsabilidad y compromiso con sus conciudadanos.
Por eso resulta valiosa la lucha de los activistas que lograron un primer amparo para frenar el arranque del complejo y la sensibilidad del juez que valoró el derecho humano al agua.
Arnoldo Cuéllar Ornelas
@arnoldocuellaro
Periodista, analista político. Fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, medio digital y asociación civil.
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