*Libia García traza su raya en el tema de seguridad; *Días negros en la UG: persecución a maestros y estudiantes; *El Laurel, freno al desarrollismo sin escrúpulos en León
1.- Seguridad, prioridad de la candidata panista
La candidata panista a la gubernatura, Libia Dennise García Muñoz Ledo, se anticipó a sus competidoras y desde la precampaña dio una sorpresa al anunciar una acción en el terreno de la seguridad: la creación de un consejo ciudadano para la construcción de la paz en Guanajuato.
Lo integran dieciséis personajes vinculados de una u otra manera al tema. Algunos ejercieron la función pública, otros participan en la academia, el activismo y los medios de comunicación.Tienen renombre nacional y hasta internacional. Catorce desarrollan sus actividades fuera de Guanajuato; solo dos tienen su práctica en la entidad. Hay incluso un general colombiano, Fabián Laurence Cárdenas Leonel, con experiencia en secuestros y extorsión.
Una primera impresión es que se trata de una estrategia coordinada con la campaña nacional de Xóchitl Gálvez. Al menos seis de los integrantes del consejo participan en el cuarto de guerra de la hidalguense: Rubén Aguilar, ex vocero foxista; Guillermo Valdez, titular del CISEN de Felipe Calderón; Monte Alejandro Rubido, ex funcionario peñista y calderonista; las activistas María Elena Morera y Saskia Niño de Rivera y el académico Eduardo Guerrero.
Por la parte local solo están el jurista y académico Manuel Vidaurri Aréchiga, ex ombudsperson del estado, y la buscadora Olimpia Montoya Juárez. Esta última es la única integrante del consejo a la que puede identificarse como una víctima directa de la violencia, además de ser la representante de un movimiento que ha sido el esfuerzo de autogestión más importante ocurrido en Guanajuato en décadas.
Dos lecturas emergen de la integración y el anuncio de este organismo a una semana de que inicien formalmente las campañas por la gubernatura del estado.
La primera de ellas es que Libia Dennise García le está otorgando el tema de la seguridad y la recuperación de la paz, una relevancia que está lejos de la postura manejada por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, desde que fue candidato y en toda su gestión. El vago ofrecimiento de un “golpe de timón”, solo fue una simulación, como se reveló muy pronto en el sexenio.
La segunda parece todavía más significativa: en la propuesta de la candidata panista están totalmente ausentes los dos personajes que han controlado las políticas de seguridad desde hace dos sexenios: el secretario Alvar Cabeza de Vaca y el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre. A ninguno de ellos les gustan los consultores ni los académicos, mucho menos que opinen en sus áreas, como puede atestiguar Bernardo León Olea a quien boicotearon en su intento de reformar la policía de León.
Más influencia parece haber tenido la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López a quien probablemente se debe la inclusión de Manelich Castilla Craviotto, ex comisionado de la Policía Federal.
Con sus excepciones, es una formación de “rockstars” del pasado y del presente que puede reunir mucha experiencia y visiones complementarias, pero también muchos egos desbordados.
Se trata, sin embargo, de un equipo que puede ser ducho en “tirar línea”, pero débil en el terreno de la práctica. Así que más allá de sus conclusiones, que sin duda serán útiles en la construcción del discurso de campaña, quedará pendiente ofrecer una instrumentación clara y una supervisión que vaya más allá del espacio electoral.
La elaboración de un discurso que incluya la crítica a las insuficiencias del actual aparato de seguridad y persecución del delito podría ser insuficiente sin una promesa clara de que habrá consecuencias en la práctica.
Y es precisamente ahí donde queda la responsabilidad y la oportunidad para Libia Dennise García: más allá de la parafernalia técnica, debe quedar claro el compromiso político y la toma de distancia con lo que ha fracasado de manera palmaria hasta ahora.
2.- Represión en la UG: el agripinismo sobrevive
Evidenciado que su rectorado, a cinco meses de iniciado, continúa siendo un epígono del agripinismo que controló la Universidad de Guanajuato por ocho años, la doctora Claudia Susana Gómez López verá en los próximos días cómo se complica otra herencia envenenada de su antecesor.
La denuncia de oficio abierta por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto del estado, en contra de siete estudiantes de diversas divisiones de la UG, por “daños” al patrimonio universitario realizados durante la toma de rectoría en septiembre del año pasado, tensará las relaciones entre la base estudiantil y el nuevo mando universitario.
La intervención de la FGE no puede ser ajena a la cercanía histórica entre Luis Felipe Guerrero Agripino y Carlos Zamarripa Aguirre, la cual también se hizo evidente en la forma en que fue archivada la denuncia realizada por el diario Correo en contra del ex rector, después de ser allanadas sus instalaciones en lo que se quiso hacer pasar por un reclamo de “derecho de réplica”.
Sin embargo, la persecución de los estudiantes con quienes la propia Claudia Susana Gómez había firmado acuerdos de entendimiento a fin de que desocuparan el edificio central, no es el único flanco abierto que tiene la funcionaria.
En la vieja escuela de Derecho, hoy división de Derecho, Política y Gobierno, se gesta un conflicto laboral por lo que a todas luces parece otro movimiento persecutorio de profesores que se manifestaron a favor de la candidatura de la ex rectora del Campus Guanajuato, Teresita Rendón Huerta Barrera.
En la Coordinación de Música y Artes Escénicas hay resistencia a la designación de un director interino, Rodrigo Rojas Torres, que es artista plástico y que además había sido descalificado en el proceso de selección original por no tener el perfil que el puesto exigía.
Pendientes están también los reclamos de actualización salarial de los integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, así como el proceso de designación de la nueva persona directora, proceso que se alargará por decisión unilateral de la Universidad.
En ambos incendios, se siente la mano del todopoderoso director de Extensión Cultural y agripinista de primera línea, Osvaldo Chávez, esposo de quien fuera su secretaria particular, Dolores Gallegos Robles.
La Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la UG también interviene ante violaciones de los derechos laborales de sus agremiados en la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato, lo que les llevó a suspender las mesas de diálogo de la revisión contractual correspondiente a este año.
Los conflictos se acumulan y la capacidad de negociación parece mermada. Habrá que ver si la rectora general se decide a inaugurar una nueva etapa o se hunde atada a la piedra de molino de un agripinismo vengativo y prepotente.
El colmo sería que esta ausencia de gestión termine por incubar un conflicto en la Universidad de Guanajuato, justo en la temporada electoral. Así, mientras la candidata panista Libia García presenta su mesa de reconstrucción de la paz, en la Universidad estatal, la rectora Claudia Susana Gómez permite que sus subordinados practiquen juegos de guerra de la mano de intereses menores y muy localizados.
3.- Freno al desarrollismo a ultranza
Como ya ocurrió en el caso del desarrollo comercial e inmobiliario denominado City Center, de nueva cuenta la justicia federal frena, ante el reclamo de un grupo de activistas y litigantes, un desarrollo residencial de más de 260 hectáreas al norte de la ciudad de León, en el predio conocido como El Laurel.
Aunque los inversionistas, encabezados por el empresario Mario Orozco Arenas, ya habían obtenido el cambio de uso de suelo por parte del Ayuntamiento, en base a que el plan de ordenamiento territorial de la ciudad contempla la zona como susceptible de crecimiento, los ambientalistas encabezados por Juan Pablo Delgado persuadieron a un juez de distrito de la insuficiencia de análisis sobre el impacto que tendrá la urbanización de esa zona a mediano y largo plazo.
Consideran que se trata de una de las últimas reservas naturales dentro de la mancha urbana de una ciudad aquejada por las consecuencias del cambio climático, calor excesivo y lluvias escasas, lo que ya tiene a la población afectada por tandeos de agua y con su único vaso captador casi seco.
Al final del día, se trata de una nueva forma de concebir el desarrollo, no solo en base a las utilidades y las oportunidades de negocio de la mentalidad especulativa que hasta ahora ha gobernado a la ciudad y a la que se han sometido dócilmente las autoridades a lo largo de las últimas décadas, sino también poniendo sobre el tapete los derechos de las próximas generaciones.
Y aunque la suspensión otorgada por el juez no es definitiva, sería deseable que los políticos que buscarán el voto en las próximas elecciones se sensibilicen ante la urgencia de poner freno a un crecimiento irracional que, de continuar como hasta ahora provocará la pérdida de competitividad de una ciudad cada vez más inhóspita para sus habitantes, algo que incluso opera en sentido contrario a su viabilidad.
En el caso de City Center, la posibilidad de seguir frenando de forma legal la asignación de agua a un desarrollo vertical que además se aprovechó de un humedal comunitario para privatizarlo en parte, continúa viva.
Habrá que ver si el ánimo de buscar una ciudad más amable para quienes la viven cotidianamente logra ser escuchado por los políticos, o si habrá que seguir peleando a punta de amparos y resistencia contra el lucro ciego, el influyentismo y la planeación gobernada por los intereses y no por el bien común.
Arnoldo Cuéllar Ornelas
@arnoldocuellaro
Periodista, analista político. Fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, medio digital y asociación civil.
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