DÍAS DE GUARDAR Domingo 23 de junio de 2024

*Los cien días de Diego que marcarán al gobierno de Libia; *Salgado Banda y la construcción de un nuevo conflicto; *Junta Directiva: el cerrojo de Agripino sobre Claudia Susana

1.- Un apresurado fin de sexenio

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez mantuvo una presencia pública más bien discreta durante las campañas electorales. Asomó para lanzar pullas a Morena, en el caso del asesinato de Gisela Gaytán; antes de eso se metió en problemas de violencia política de género al calificar la decisión de ese partido de postular a Alma Alcaraz como una “derrota anticipada”.

En cambio, su gobierno fue generoso con el presupuesto público para fortalecer a la candidata a la gubernatura de la alianza PAN-PRI-PRD, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al dotar al programa eminentemente electoral de la tarjeta rosa con un presupuesto de mil 500 millones de pesos para repartir entre fines de 2023 y previo a la elección de 2024.

El apoyo del mandatario saliente a la candidata panista no se limitó al respaldo económico otorgado con recurso público, sino que abarcó movilizaciones en campaña reforzadas con el aparato gubernamental, además del despegue político que significó la designación de Libia en la Sedeshu de abril a noviembre de 2023.

Quizá por todas esas razones, en sus últimas semanas de mandato Diego Sinhue parece querer despacharse con una serie de decisiones a cual más polémicas, que lastrarán el arranque del nuevo gobierno de Libia Dennise.

Las medidas para garantizar el retiro de Carlos Zamarripa de la Fiscalía General del Estado, validadas y justificadas por Sinhue con el apoyo de su incondicional Cámara de Diputados, están elevando el tono del debate que ya de por sí trae aparejada la crisis de seguridad.

Si por algo la candidata del PAN a la gubernatura debió tomar la decisión de gestionar la no continuidad de Zamarripa y de Alvar Cabeza de Vaca, fue a causa del enorme desprestigio de los funcionarios, de la responsabilidad que se les atribuye en el deterioro de la paz en Guanajuato y de su actuar prepotente y opaco al grado de haber configurado un poder que no le rinde cuentas a nadie.

Libia supo que no tomar posición frente a Zamarripa le traería un dolor de cabeza continuo en su campaña y el riesgo de complicar aún más una elección que ya se veía como la más competida de la era panista en Guanajuato.

El resultado finalmente abrió a una ventaja incuestionable de más de 10 puntos, que pueden explicarse por decisiones oportunas de la candidata panista, el respaldo de las estructuras de gobierno y la errática campaña de Morena. Sin embargo, está claro que uno de los gestos más importantes en todo ese entramado, fue adelantar la decisión sobre el fiscal y el secretario de seguridad.

Pero después del triunfo electoral viene la historia verdadera: la preparación para un gobierno que construya el escenario para hacer realidad sus propuestas de campaña, lanzando señales del rumbo al que se quiere dirigir.

Tres semanas después de la elección, la candidata ganadora permanece en silencio, después de haber anunciado a su equipo de transición; este equipo también calla y todo el ruido surge desde el gobierno saliente, tomando decisiones que trascenderán su término e impactarán a la nueva administración.

A nivel federal, López Obrador está decidido a ejercer el poder hasta el último día de su mandato, pero lo hace en el terreno político adelantando una agenda de reformas que también marcan al gobierno que viene. La diferencia, empero, es que Claudia Sheinbaum está de acuerdo con esa estrategia, se compromete públicamente con ella y asume las consecuencias.

En el caso de Guanajuato no sabemos si Libia está de acuerdo con el retiro dorado del fiscal, si quiere evitar opinar o si se deslinda. Por lo pronto, al callar, ensucia la valiente decisión de cortar por lo sano con ese lastre.

2.- Diego hereda también conflicto laboral y político

Seleccionar al nuevo fiscal, negociarlo con un congreso dividido y posiblemente también con el gobierno federal, será una de las asignaturas más importantes de la nueva gobernadora a partir del próximo 26 de septiembre. Sin embargo, no será lo único.

Libia Dennise García está obligada a presentar un gabinete que pueda dar cuerpo a su propuesta de “nuevo comienzo”; tiene que seleccionar un secretario de seguridad experimentado y solvente que, para empezar, le diga la verdad sobre la situación en el estado.

Y como si eso fuera poco, el gobierno de Sinhue, a través de su secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, el mismo que despidió a Libia cuando era una funcionaria media del ISSEG de una forma despótica y humillante, está preparando uno de los mayores problemas que se le aparecerán a la gobernadora en el primer tramo de su administración.

La construcción del mega edificio al que pretenden trasladar oficinas públicas del gobierno estatal, en el baldío del Parque Bicentenario en Silao, está siendo licitado de nueva cuenta por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Movilidad, con el financiamiento del ISSEG, a un costo superior a los mil millones de pesos. El fallo se conocerá esta semana.

La obra se desarrollará mayormente durante el primer año de gobierno de Libia Dennise y, como ocurre con frecuencia, es muy probable que se alargue más allá de los 330 días contemplados para su finalización y que los costos aumenten. Sin embargo, los posibles conflictos financieros y de supervisión complicados con el cambio de administración, serán lo de menos una vez que se concluya la obra.

La tarea política y las aristas sociales para convencer a miles de trabajadores de la Gubernatura, la Secretaría de Finanzas, el DIF, la Secretaría del Migrante, Comunicación Social y Unidad de Transparencia, para que acepten modificar sus rutinas cotidianas y trasladarse a 20 kilómetros de su actual entorno de trabajo, le tocará a la nueva gobernadora, con el desgaste que eso pueda significar.

Así, de entrada, el gobierno entrante deberá lidiar con varios obstáculos que le están siendo heredados de última hora. Solo falta que junto con la encomienda de esos pendientes, se le quiera imponer a la gobernadora la necesidad que permanezcan en sus cargos funcionarios como el propio Salgado Banda, su subordinado el director del ISSEG, Ricardo de la Peña y hasta el secretario de obra pública, el invisible jalisciense Tarcisio Rodríguez.

Con la inminente llegada de Aldo Márquez a la dirigencia del PAN y las pesadas herencias en el Poder Judicial y el Tribunal Administrativo, el dieguismo estará demasiado presente en el “nuevo comienzo”, el cual parece estar durando menos que el “golpe de timón”.

3.- Agripino y el otro maximato

Son constantes las denuncias estudiantiles y del profesorado sobre la grosera injerencia que mantiene el ex rector Luis Felipe Guerrero Agripino en ámbitos de la vida universitaria donde ya debería sentirse la oxigenación de un nuevo liderazgo, el de la rectora Claudia Susana Gómez.

Sin embargo, todo eso puede resultar anecdótico frente a lo que está por venir: el proceso sucesorio en las cuatro rectorías de campus de la Universidad de Guanajuato, ya iniciado y que culminará en el próximo mes de septiembre con la designación de los nuevos responsables por la Junta Directiva de la casa de estudios.

Y aquí es donde surge la cuestión. La actual Junta Directiva está formada por 11 integrantes la mayoría de los cuales fueron designados por primera vez o ratificados por el ex rector Guerrero Agripino, quien, como ya se vio en su propio proceso sucesorio, manejó de forma férrea su influencia sobre este órgano, presuntamente autónomo.

Así lo sabe Claudia Susana Gómez, en su momento beneficiaria del control político y patrimonial de su antecesor sobre la Junta Directiva. Hoy, ella misma es una rehén de las decisiones que se tomen, por lo que no le queda otra opción que la de mantenerse disciplinada en la esfera de Luis Felipe.

Sería suicida tratar de confrontar esa influencia política, si ello conlleva como represalia la designación de rectores de Campus que pudieran convertirse en adversarios internos de la rectora general.

Los excesos del ex rector y su camarilla no podrán ser frenados por quien carece del control político y de las herramientas para acrecentar su margen de maniobra.

Desmovilizados los estudiantes y sometidos los profesores a la dictadura de los premios y las represalias económicas y académicas, parece que a la UG le espera una larga noche y que Luis Felipe Guerrero seguirá gozando su cacicazgo largamente cocinado.

Pues además, desde el gobierno del Estado y el Congreso tampoco se tiene la menor idea ni el menor interés de supervisar lo que está pasando en una entidad que gasta más de 4 mil millones de pesos al año y que se da el lujo de autoasignarse a su contralor.

Uno de los próximos diputados es precisamente el ex rector y ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks, padre de la autonomía universitaria. Será interesante observar cómo procesa, desde esa atalaya, la perversión de lo que en su momento fue el cambio más importante en la UG desde su creación.

Arnoldo Cuéllar Ornelas

@arnoldocuellaro

Periodista, analista político. Fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, medio digital y asociación civil.