Claudia muy arriba en encuestas

*Distrito de Gobierno: gran negocio de fin de sexenio; *Heredan a próxima gobernadora enojo de capitalinos.


1.- Prisa y opacidad en megaobra de fin de sexenio

A nueve meses de concluir su periodo, el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez está por iniciar una mega obra cuyos costos iniciales rondan los mil millones de pesos en su primera etapa, pero que amenaza con convertirse en un barril sin fondo para el gobierno que iniciará en septiembre de 2024.

Se trata de un remedo del Nuevo Guanajuato en el cual fracasó el gobernador interino Carlos Medina Plascencia en la década de los noventa del siglo pasado, al topar con la decidida oposición de los habitantes de Guanajuato capital: construir una “Ciudad Gobierno” a la que se trasladarán las oficinas de diferentes dependencias del Poder Ejecutivo del estado, en los terrenos semi abandonados del Parque Bicentenario en Silao.

Para ese ambicioso proyecto, los altos mandos políticos del estado han decidido dejar la responsabilidad en el director del ISSEG, Ricardo de la Peña, el mismo que le reporta al secretario de Finanzas Héctor Salgado Banda y ambos responsables del fracaso de otro gran proyecto que le vendieron a Sinhue: la arrendadora Guanajuato Leasing Services.

La justificación para la obra, que se viene cocinando desde mediados del año, cuando el ISSEG solicitó y obtuvo la donación de 13 hectáreas de terrenos en el Parque Guanajuato Bicentenario, se basa en tres líneas: despejar la ciudad de Guanajuato de oficinas burocráticas “para recuperar su vocación turística”; dejar de pagar rentas a particulares en la capital; y, finalmente, beneficiar el fondo de pensiones el ISSEG con las rentas que el estado pague al instituto.

Sin embargo, la opacidad no deja saber si el negocio será rentable. Solo hay que recordar que los edificios de gobierno construidos por Miguel Márquez en León e Irapuato fueron licitados en 100 millones de pesos cada uno y terminaron costando 200 millones de pesos, además de que los plazos de construcción se alargaron.

De modo que la primera parte del proyecto, un edificio de dos torres y una plaza que permitirá contemplar la “Victoria Alada”, un monumental adefesio comprado en varias veces su valor, quizá como homenaje a la corrupción de los anteriores gobiernos panistas, tendría que estar lista, de acuerdo al plan, en octubre de 2024, ya con una nueva persona encabezando el Poder Ejecutivo de Guanajuato y probablemente también con cambios en el ISSEG y en la Secretaría de Finanzas.

Pero no hay mucho espacio para el optimismo. La apresurada licitación convocada el 30 de noviembre pasado, contemplaba el fallo el viernes 22 de diciembre, lo cual ya fue modificado, pues la imposibilidad de presentar un proyecto con un catálogo de miles de conceptos en 15 días, hacía sospechar que alguna de las licitantes habría dispuesto de información privilegiada.

Ahora la apertura de propuestas se va a dar el 27 de diciembre, un día antes del festejo de los Santos Inocentes, lo que trae a la memoria la contratación del nefasto programa de tecnología de vigilancia Escudo, que se dio precisamente un 28 de diciembre de 2012 en el arranque del gobierno de Miguel Márquez.

Parece un despropósito político que un proyecto de esta magnitud se plantee con tanta ligereza y tan escasa información. Incluso, el traslado oficial de uno de los tres Poderes del Estado a un municipio que no es la capital, tendría que ser revisado por el Congreso, pues por ley la sede del gobierno es la ciudad de Guanajuato.

Si bien Diego Sinhue ha pasado la mayor parte de sus horas de oficina en el edificio del Puerto Interior G100, rentando unas caras oficinas al empresario Gabriel Padilla Cordero, construir un edificio público, así sea en modo de arrendamiento, para que despache el gobernador, es otra cosa.

De acuerdo a lo publicado por la reportera Catalina Reyes del diario A. M., las oficinas que se trasladarán al edificio de dos torres que construirá SICOM y financiará el ISSEG, son las siguientes: Gubernatura, Jefatura de Gabinete, Comunicación Social, Secretaría de Atención al Migrante, DIF estatal y la Unidad de Transparencia. En una entrevista posterior, el gobernador agregó a la Secretaría de Finanzas.

El edificio está presupuestado en 811 millones de pesos e instalaciones adyacentes, que incluyen la “plaza contemplativa”, por otros 128 millones, un total de 940 millones de pesos. Suponiendo de forma conservadora que el costo real llegue a los mil millones de pesos, el estado debería pagar 110 millones de pesos en rentas anuales para darle al fondo del ISSEG un rendimiento similar al de los CETES en este año.

En 2020, por ejemplo, el gobernador Diego Sinhue pagó al propietario del G100 una renta anual de 7 millones de pesos, por el uso de espacios para la gubernatura y la jefatura de gabinete. Parece que el plan no promete grandes ahorros.

Sin embargo, lo más preocupante es que pueda tratarse de una licitación que ya se encuentra arreglada y que el objetivo principal, al igual que ocurrió con Miguel Márquez en 2018 cuando asignó el libramiento de Silao a Grupo México como una concesión sin licitación de por medio, se trate de un mecanismo para el fondeo de las campañas electorales o simplemente para pagar bonos de marcha a la élite gobernante del dieguismo.

En todo caso, lo que se está construyendo en esta apresurada licitación navideña no parece ser una solución a los problemas de hacinamiento administrativo de Guanajuato, de viabilidad del abandonado Parque Bicentenario, ni de acceso de la población a servicios gubernamentales, mucho menos del fortalecimiento del fondo de pensiones del ISSEG.

Por lo menos ningún estudio que se conozca lo avala.

Lo que se está cocinando es un enorme problema que le puede estallar en las manos a la próxima gobernadora de Guanajuato cuando apenas esté iniciando su gestión.

¿A qué obedece la prisa?


2.- ¿A quién le tocará sufrir las consecuencias del negocio?

La próxima gobernadora solo puede surgir de una de las dos coaliciones que se enfrentan y que lideran las encuestas: PAN-PRI-PRD y Morena-PT-PVEM. La que mayores posibilidades recibe de los estudios de opinión conocidos es la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien ha recibido un impulso fundamental por el aparato que encabeza el actual gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Con la institución del delfinato como modelo de sucesión en el poder, omitiendo las elecciones internas y colocando al Estado y su presupuesto entero al servicio de una candidatura, el poder se traslada al lado del gobernante y somete de manera total al sucesor.

Así ocurrió con el propio Sinhue, quien no pudo resistirse a las condiciones impuestas por Miguel Márquez, como por ejemplo la de mantener el mismo esquema de seguridad y los mismos responsables. El candidato de 2018 solo fue testigo de cómo Márquez dispuso una herencia política de la que apenas pudo sacudirse hace pocos meses, no sin verse obligado a recurrir al propio ex gobernador para asumir una candidatura al senado para que su popularidad “ayude al partido”.

En ese mecanismo se está apoyando ahora Sinhue para imponer a Libia Denisse la aceptación de su propio legado: el arranque de una construcción megalómana que, de completarse, puede fácilmente superar los cinco mil millones de pesos, si se toma en cuenta que su primera de cuatro etapas asciende a 940 millones, aún en el papel.

Sin embargo, podría haber un aspecto aún más complejo que el costo financiero y sus repercusiones: el conflicto social que podría derivar de un abierto rechazo de la población de Guanajuato, como ocurrió hace 30 años, al traslado de la burocracia a Silao y a dejar a la ciudad sin fuentes de empleo y sin la inyección a su economía que representa el sector público estatal.

Pensar que el turismo pueda sustituirlo de la noche a la mañana resulta una ocurrencia absurda, amén de que harían falta inversiones privadas y públicas de cuantía y toda una política de incentivos y de promoción.

Un plan así no tendría que ser decidido a la ligera y menos por un gobierno que ya se va, por un secretario de Finanzas que ha mostrado una gran incompetencia como planeador, como se ha visto en el caso de la arrendadora del ISSEG y en proyectos como el Puerto Interior de Celaya.

Ahí se tienen los ejemplos del terreno de la fallida refinería, en Villagrán; el propio Parque Bicentenario; el terreno para un nuevo estadio en León; los kilómetros de derecho de vía liberados para el tren interurbano. Fracasos derivados de la falta de planeación, las decisiones caprichosas, el ansia de negocios privados con dinero público y la ausencia de contrapesos para el gobernante en turno.

Pero, por si algo faltara, el tema puede llegar a convertirse en el gran punto de debate de la elección, no solo en lo local, sino incluso en lo nacional.

Guanajuato, la entidad que no avanza en el control de la violencia, que ha visto cómo se exacerba la desigualdad y que tiene a sus ciudades en los puntos más bajos de competitividad urbana del país, derrocha recursos de su fondo de pensiones para una ciudad burocrática que se hará sobre las rodillas y sin una propuesta de planeación integral que contemple el impacto regional.

Esa herencia maldita podría hacer palidecer la que recibió Diego Sinhue y que marcará su sexenio: la violencia criminal que azota al estado.

Quizá el proyecto no sea descabellado. Sin embargo, requeriría un análisis a profundidad, no solo de la viabilidad financiera, sino de las consecuencias que traería a Guanajuato y a Silao. Merecería la participación de la sociedad y auscultaciones cuidadosas. Requeriría la transparencia más amplia posible y una cuidadosa fiscalización desde el Congreso.

Finalmente, sería deseable que un proyecto de tan largo aliento lo condujera un gobierno con un horizonte más amplio que los 9 meses que le restan a Diego Sinhue.

Insisto: ¿por qué la prisa?


Arnoldo Cuéllar Ornelas
@arnoldocuellaro

Periodista, analista político. Fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, medio digital y asociación civil.

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