DÍAS DE GUARDAR Domingo 2 de julio de 2023

Por Mónica Cerbón y Arnoldo Cuéllar

No son 60 árboles, es una depredación ambiental histórica; *Aguascalientes: concluye luna de miel y afloran complicidades; *En Celaya la crisis de desgobierno se ensaña con policías


1.- Alejandra Gutiérrez paga el costo de la omisión ambiental del PAN

Ilustración: Pinche Einnar


Tuvo que ser una coyuntura política y preelectoral la que convirtió una práctica habitual de los gobiernos panistas en León en un escándalo de repercusiones mediáticas nacionales: la falta de sustentabilidad de las políticas de desarrollo y obra pública de una ciudad que insiste en privilegiar la cultura del automóvil por encima del transporte público y ya no se diga de las formas alternativas de movilidad que tanto aportan en numerosas urbes del mundo desarrollado, decididas a cambiar la cultura tradicional por entornos más humanos y amigables con la naturaleza y el bienestar de sus habitantes.

Pese a contar con un instituto de planeación potente, pese a momentáneos enamoramientos con las políticas aplicadas en ciudades de Medellín o Curitiba, a donde muchas veces viajaban funcionarios, empresarios y miembros de consejos del municipio, para retomar ideas y modelos, la ciudad más grande de Guanajuato y una de las mayores del país nunca logró conciliar su enorme potencial económico con una visión incluyente y sustentable de su desarrollo.

Treinta y cinco años de gobiernos panistas, salvo un breve interludio de 3 años, trabajando de la mano de grandes y medianos empresarios, con respaldo total del gobierno estatal y de al menos los anteriores 3 gobiernos federales, no sólo no lograron revertir la desigualdad en la ciudad, sino que han ampliado la brecha de manera brutal.

Es en ese contexto donde una acción que ni siquiera es extraordinaria, sino una más en una larga cadena de atropellos ambientales, la tala de 60 árboles adultos para ampliar una vía rápida de la ciudad y ahorrar escasos minutos en tiempos de traslado, generó una indignación pocas veces vista en el pasado reciente, más allá de las organizaciones de activistas ambientales, para alcanzar a vastos segmentos de una población que tradicionalmente es simpatizante del PAN.

No puede descartarse que la reacción espontánea de crítica a la administración que encabeza Alejandra Gutiérrez Campos, haya recibido algún tipo de aceleración desde esferas del gobierno estatal, donde se ha visto con recelo la posición de la alcaldesa de reclamar una contienda abierta y democrática para definir la próxima candidatura de ese partido a la gubernatura.

Desde luego, nada disculpa el enorme descuido político de haber validado una acción cuyas consecuencias eran absolutamente previsibles, en vista del contexto que vivía la ciudad de altas temperaturas y crisis de abasto de agua.

Pero también es necesario decir que Gutiérrez Campos no hizo nada distinto a lo que han realizado sus antecesores en el cargo, como Héctor López Santillana, quien no sólo derribó árboles al por mayor para modernizar las estaciones del sistema de transporte, sin contemplar alternativas menos agresivas con el medio ambiente, sino que además encarceló a activistas que protestaron contra esas medidas de forma pacífica, sin que se generara una respuesta como la vista en esta ocasión.

Por si fuera poco, la decisión de derribar los árboles para ampliar un tramo del malecón fue respaldada en todas sus vertientes por el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez, sin que la censura social le alcanzara como sí ocurrió con la primera mujer panista que gobierna en León. Previamente a ese respaldo, el secretario de Infraestructura y Comunicaciones del estado, Tarcisio Rodríguez, se había deslindado de cualquier responsabilidad en la obra y por ende en la tala.

Hoy la obra se encuentra detenida, la alcaldesa está siendo cuidadosamente observada y la movilización ciudadana sigue.

Habría dos escenarios: el de siempre, desdeñar el reclamo ciudadano, tratar de controlar los daños con paliativos y continuar la obra a rajatabla incluyendo nuevas talas, lo que puede ser funesto para la alcaldesa y precandidata a gobernadora.

El segundo escenario parece más complicado pero también más prometedor y posiblemente disruptivo: repensar la obra, respetar el arbolado, cumplir las promesas de reposición de la flora dañada y, sobre todo, empezar a modificar la visión desarrollista que ha construido un modelo de ciudad injusto, excluyente, hostil a las personas y cada vez menos competitivo, algo que no podrá concretarse en el corto plazo, pero que definitivamente debería empezar más pronto que tarde.

Si Alejandra Gutiérrez quiere de verdad constituirse como una alternativa política para un partido que acusa un grave desgaste en el poder, debe jugarse el todo por el todo en una ciudad que reclama cambios urgentes, convirtiendo lo que hoy es una crisis en una oportunidad.

Esa sería la mejor demostración de que puede retar el dedazo en su partido y además de dejar claro que su batalla no es solo de ambiciones, sino de ideas. Es ahora o nunca.

2.- Ciudadanos de Aguascalientes hacen frente al monstruo inmobiliario.

Ilustración: Pinche Einnar


Oponerse a Grupo San Cristóbal, una de las inmobiliarias más poderosas de Aguascalientes no es cualquier cosa. La compañía de Luis Fernando Camarena Ávila, un adinerado empresario cercano a los gobiernos panistas, ha obtenido los permisos de la federación, el estado y el municipio para construir un fraccionamiento en el corazón del Bosque de Cobos, uno de los últimos dos pulmones naturales de la capital.

Pero construirlo no será cosa fácil.

Tan pronto se enteraron del asunto, organizaciones civiles en defensa del medio ambiente pusieron en marcha una estrategia de defensa. Esta vez no se quedaron solas, al menos unas 200 personas participaron de una cadena humana organizada a las puertas del Palacio de Gobierno, desde donde despacha la gobernadora Teresa Jiménez, que además de ser cercana a Camarena, ha promovido políticas públicas que solo benefician a los constructores de vivienda y plazas comerciales.

La sospecha que late en el ambiente es que los empresarios del sector se incluyen entre los principales financieros de campañas del Partido Acción Nacional en Aguascalientes. Y con algo hay que devolverles el favor.

No importa si Camarena Ávila está ligado a millonarios casos de fraude o si es el mayor acaparador de agua en el estado –algo que ha logrado pasando por encima de la ley–, Teresa Jiménez puede posar alegremente a su lado y guardar silencio ante las protestas ciudadanas que han puesto los ojos en el nuevo proyecto inmobiliario.

El poder del empresario, también visible en la cobertura de medios locales que no han dado seguimiento a las protestas por miedo a dejar de recibir los pagos para promocionar a Grupo San Cristóbal, solo se ve confrontado por el enojo de una población que cada vez pierde más pulmones naturales y ve afectada su calidad de vida.

Tere Jiménez y el alcalde de la capital Leonardo Montañez, se ven ahora frente al reclamo que les exige frenar la voracidad de una industria o dejar en evidencia sus complicidades políticas, bajo riesgo de empezar a socavar la larga luna de miel del panismo con el electorado del “Gigante de México”.

3.- Coche bomba en Celaya y las autoridades guardan silencio

Ilustración: Pinche Einnar


En Celaya el horror se ha convertido en la cotidianidad. Sin embargo, quienes gobiernan la ciudad y el estado del que esta forma parte, no parecen tener una sola palabra de aliento, de consideración o de compromiso con los habitantes de esa región del estado.

Ni el alcalde Javier Mendoza Márquez, ni el gobernador Diego Sinhue Rodríguez han tenido palabras de empatía para los familiares de los policías y de los guardias nacionales afectados por los últimos acontecimientos.

Recorro sus respectivas líneas de tiempo en Twitter y encuentro muchas celebraciones, inauguraciones, eventos, pero ni un solo mensaje de solidaridad con las familias de los ocho policías municipales caídos en esa ciudad en el mes de junio, según reporta el portal Ágora Informativa.

Mendoza Márquez se da el lujo de apoyar la precampaña de la secretaria de Desarrollo Social Libia Denisse García con al menos tres tuits en una semana, pero nada dice de la violencia que tiene arrinconada a su corporación de policía.

El atentado con explosivos que cobró la vida de un miembro de la guardia nacional, mutiló a otro y dejó varios lesionados, apenas motivó un comentario del gobernador para pedir que la federación atraiga el caso, pese a que Guanajuato ha ponderado como un logro el tener vigente un tipo penal de terrorismo.

Tampoco se ha visto cercano a los problemas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habitualmente refractario al acontecer de Guanajuato. Pero eso no es novedad y hasta ha sido sistemáticamente aprovechado en el discurso oficialista local para marcar diferencias con la Cuarta Transformación, algo que en esta ocasión no parece haber.

De la realidad no se puede escapar, aunque se intente con maniobras evasivas cotidianas, inversión publicitaria, ignorancia deliberada o negligencia cómplice.

En Celaya y la región nadie se ha planteado una operación seria, conducida desde los altos niveles políticos, para frenar la impunidad, el crecimiento de las actividades criminales y la virtual desaparición de las instituciones públicas.

Después de la episódica guerra contra el huachicol y de la persecución que logró la captura de El Marro, José Antonio Yépez, lo que se vio fue un repliegue deliberado de las fuerzas federales y estatales y un abandono de la policía municipal.

La decisión de incorporar policías federales a esa corporación parece un esfuerzo aislado del alcalde Mendoza Márquez apoyado por Sophia Huett, la titular del Secretariado Estatal de Seguridad, pero por nadie más. Huett parece haber perdido la batalla frente al tándem Carlos Zamarripa – Alvar Cabeza de Vaca, a quienes parece no disgustarles el fracaso de la estrategia de relevar a los municipales por los fedepales.

Sin embargo, mientras no se asuman responsabilidades políticas, incluyendo una negociación de fondo con el gobierno federal para reconstruir la coordinación que se vivió en 2019/2020 para descabezar al cártel, parece que nada mejorará en Celaya y que, pese a su intención de “no ver la realidad”, tanto el gobernador como el alcalde pagarán un alto costo político el próximo año.

Pero lo más grave, lo indignante, es que tengan en el abandono a ciudadanos a los que juraron servir, traicionando la esencia de la representación política.

Eso también estará a debate en la temporada electoral que viene


POPLab
@poplabmx

Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública

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