*Fracaso de fiscalía anticorrupción y aplausos de medios; *Derechos humanos: construcción de rezago e impunidad; *Sosa negocia exigencia de disculpa por orden superior
1.- Más denuncias, mérito de los ciudadanos no de las instituciones
Ilustración: Pinche Einnar
La realidad maquillada en la que nos quieren insertar los publicistas oficiales y los medios de comunicación capturados por la agenda gubernamental, pretende utilizar el crecimiento de las denuncias sobre hechos delictivos, sobre casos de corrupción y sobre abusos de poder y afectaciones de derechos humanos, como un “mérito” de las instituciones y sus titulares, aunque evadan alegremente las pobres cifras de las conclusiones a las que llegan ese cúmulo de reclamos de justicia y de protección de derechos.
Esta semana se conocieron el informe del procurador de los derechos humanos, el panista Vicente Esqueda Méndez, primer ombudsperson con abierta trayectoria partidista; y el segundo reporte sobre el desempeño de las fiscalías anticorrupción realizado por la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
De ninguno de ambos documentos se desprenden buenas noticias para Guanajuato, sobre todo cuando se leen completos, a profundidad y en contexto. Sin embargo hubo medios de comunicación como el diario Milenio, que en Guanajuato está convertido en una especie de periódico oficial del panismo gobernante, que se dieron maña para sesgar los datos y encontrar encabezados encomiables para las instituciones y sus titulares.
Alguien dirá que ese tema corresponde a un manejo de línea editorial y que hay tantas como intereses, puntos de vista e ideologías puede haber. Sin embargo, el asunto resulta muy distinto cuando deliberadamente se omiten partes de los documentos empleados como fuente, se sacan cifras y estadísticas de contexto y se busca la forma de aplaudir, incluso a contrapelo de las conclusiones, al tiempo que se omite información y se cercena el derecho de las audiencias a una información completa, sin cortes ni “ediciones” interesadas.
En su nota del informe sobre las Fiscalías Anticorrupción, la nota de Milenio destacó: “Guanajuato es tercer lugar en investigaciones contra la corrupción”. En el texto añadía que solo se encontraba por debajo de Querétaro y Tabasco, con 165 denuncias presentadas por presuntos actos de corrupción.
Leí el reporte de la Iniciativa de Transparencia, Digitalización y Anticorrupción, a cargo de la investigadora Mariana Cendejas Jáuregui, y en ninguna parte se sustenta el enfoque optimista y hasta elogioso que Milenio le ofreció a sus lectores en el titular de portada de la edición impresa del viernes 14 de abril.
Entre 2019 y 2021, la Fiscalía contra la Corrupción del Estado de Guanajuato, a cargo de Marco Antonio Medina Torres, ha recibido o iniciado de oficio 165 denuncias por casos de presunta corrupción de funcionarios públicos y ha iniciado el mismo número de carpetas de investigación, datos que lo colocan como el estado número 21 en ambos rubros.
La catástrofe viene cuando se conoce que la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato solo ha obtenido una sentencia condenatoria en 3 años, lo que le ubica en el lugar 18 de la lista de entidades del país. Su eficacia es menor al 1 por ciento.
Con los diversos procedimientos que prevé el Código Penal para abordar la investigación de una conducta delictiva, así como sus salidas alternas, el estudio encuentra que un 28 por ciento de las determinaciones de la fiscalía de Guanajuato pueden considerarse a favor del combate a la corrupción, mientras que un 56 por ciento no abonan al combate a la corrupción.
La fiscalía de Medina Torres ha logrado recuperar 2.3 millones de pesos en devoluciones de activos por concepto de reparación de daño, una cantidad muy inferior a los 39.8 millones de presupuesto que ha gastado esa oficina en los 3 años del análisis.
Cabe señalar que el panorama no es mejor en otras entidades del país y por ello la iniciativa de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey recomienda, entre otros puntos: otorgar autonomía constitucional a las fiscalías anticorrupción, separándolas de las fiscalías generales; definir perfiles con trayectoria, transparencia, buen nombre y reputación, para los titulares de esos órganos; establecer un servicio profesional de carrera; regular el nombramiento del fiscal anticorrupción con convocatoria pública, proceso de oposición, participación ciudadana y al menos dos actores o poderes públicos; y establecer mecanismos de rendición de cuentas.
Parece que antes que porras, lo que se requiere es fiscalización, crítica y mayor exigencia, pues la simulación es la cómplice mayor de la corrupción.
2.- Derechos Humanos: más quejas, menos recomendaciones
Ilustración: Pinche Einnar
En el segundo de los reportes diagnósticos sobre el estado de cosas en Guanajuato que se conocieron esta semana, tampoco hay lugar para el optimismo.
Vicente Esqueda Méndez, el procurador de los derechos humanos que rompió la tradición de apartidismo al menos formal de sus antecesores, presentó un panorama que a quien primero debería preocupar es a él mismo.
En el documento entregado ante el Congreso y después socializado en un evento en las instalaciones de la PRODHEG, se celebra el gran incremento de las quejas presentadas por ciudadanos de forma directa o remota ante ese organismo, las cuales pasaron de 636 en 2021 a mil 676 en el 2022, un crecimiento del 263 por ciento.
Desde luego, ese aumento puede obedecer a varias razones, ninguna de las cuales es mérito de la burocracia adscrita a la procuraduría. una de ellas puede ser la terminación de las restricciones derivadas de la pandemia de Covid 19 y el restablecimiento de la movilidad; otra puede ser el incremento de las violaciones que se cometen a derechos de ciudadanos desde instancias del poder público; finalmente también pueden atribuirse a una mayor conciencia de los ciudadanos, una menor disposición a dejarse violentar y un más extendido conocimiento de sus derechos.
Sería baladí que la PRODHEG pretendiese festinar ese crecimiento de solicitudes de atención como resultado de su desempeño. Su trabajo es dar una respuesta adecuada. Y, como es de esperarse, no hay tal.
El mismo informe de Esqueda, luego de regodearse en la numeralia de las quejas, las autoridades a las que van dirigidas y los casos que las motivan, da a conocer que fueron concluidos los procesos de 830 casos contra los 652 concluidos el año anterior. Es un crecimiento casi marginal del 27 por ciento, muy por debajo del ritmo de aumento de la presentación de quejas
Pero, para peor, de esas conclusiones, solo derivaron 66 resoluciones de las que solo la mitad concluyeron en recomendación y las restantes en “no recomendación”. Apenas fueron 29 resoluciones más que en el 2021 cuando se emitieron 37.
Parece muy pobre el escenario y se observa un gran cuello de botella en la PRODHEG, que aumentará en cada ejercicio: la baja productividad de la oficina de derechos humanos ya se refleja en un incremento del rezago, una mayor lentitud para procesar las demandas, más tiempo de espera para las víctimas y, definitivamente, más impunidad.
El crecimiento exponencial que se advierte en los datos de 2022 no hace prever más que el agravamiento de esa situación.
Lo expuesto en el informe del procurador de derechos humanos parecería más adecuado para deplorar la situación y no para festinar, como hicieron diversos medios de comunicación que dieron cuenta del documento.
Falta conocer la evaluación que realicen los diputados integrantes de la comisión de derechos humanos y atención a grupos vulnerables del Congreso, encabezada por el morenista David Martínez Mendizábal, con mayoría de tres legisladoras de Acción Nacional, Melanie Murillo, Katya Soto y Briseida Magdaleno, y el priista Adolfo Alfaro, que para efectos prácticos vota con sus compañeras panistas.
De mantenerse la lealtad partidista hacia Vicente Esqueda, que decide obviar cualquier matiz crítico y salir a otorgar un respaldo irracional, las cosas sólo seguirán empeorando en materia de respeto a los derechos humanos.
Lo que ya no puede negarse es que el mal funcionamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, que viene siendo sistémico más allá de sus encargados coyunturales, está contribuyendo a la descomposición del sistema de justicia de Guanajuato, al olvidar su papel de contrapeso.
Las mayores quejas las acapara el personal de la Fiscalía del Estado, evidenciando la negación del acceso al derecho humano a la justicia. De no tener ni siquiera la vigilancia moral del ombudsperson, la impunidad que ya padecemos empeorará.
Que ello ocurra, además, con el aplauso de quienes deberían ser observadores críticos de esa realidad, como los medios de comunicación y los legisladores, resulta un doble agravio.
3.- Sosa cede en exigencia de disculpas por órdenes superiores
Ilustración: Pinche Einnar
Hablando de descrédito y deslegitimación de la Procuraduría de Derechos Humanos, lo que pasó esta semana viene a ser una radiografía del estado esquelético en el que han colocado a esa institución funcionarios como Raúl Montero de Alba y Vicente Esqueda Méndez.
Una de las escasas recomendaciones emitidas por la instancia este 2023 fue la que favoreció al extesorero de León durante la administración de Héctor López Santillana, Enrique Sosa Campos, planteando una disculpa pública por parte del síndico del actual ayuntamiento, José Arturo Sánchez Castellanos.
Como comentamos la semana pasada, la resolución de Esqueda consideró que se había lesionado el derecho humano a la presunción de inocencia de Sosa Campos por la responsabilización pública que se le atribuyó en la mutilación del kínder Juan Aldama para subastarlo como baldío a un empresario que lo quería destinar a espacio recreativo de su mansión.
La responsabilidad de Sosa quedó acreditada en sus oficios para solicitar a la SEG la devolución del predio, proponer su división luego de consultas sesgadas con el IMPLAN y la la dirección de Desarrollo Urbano y luego su exposición ante el cabildo para disfrazar el patio trasero del jardín de niños como un baldío inutilizable.
Todo eso quedó oculto en la resolución de Esqueda quien símplemente, con ánimo cómplice o partidista, exoneró a Sosa, le concedió la categoría de víctima, le dictó medidas paliativas y planteó la disculpa pública.
El asunto amenazaba traer consigo una muy interesante discusión sobre el caso del kínder que pondría de nueva cuenta en el tapete la responsabilidad del Ayuntamiento encabezado por López Santillana, el papel del gobernador del estado y la codicia del empresario Gabriel Padilla, todo ello de la mano de la decisión del síndico Sánchez Castellanos de no acatar la recomendación de Esqueda y solicitar una comparecencia en el Congreso para explicar sus razones.
La sangre no llegó al río, como planteó la nota de Melissa Esquivias en PopLab esta misma semana. Desde la cúpula del gobierno estatal, muy probablemente desde la oficina del Jefe de Gabinete Juan Carlos Alcántara, Sosa fue instruido para deponer sus exigencias y terminar el diferendo mediante un acuerdo privado que no incluyó la disculpa avalada por el procurador Esqueda.
Quien peor parado quedó en todo este sainete fue, sin duda, el procurador de los derechos humanos de Guanajuato que, al fallar en la legalidad de sus recomendaciones debió ver como su recomendación se negociaba políticamente y su defendido y presunta víctima, era sometido a presiones imposibles de rechazar en su carácter de funcionario estatal.
Lo malo de todo esto es que las fallas de Esqueda a quien terminan debilitando es a la institución defensora de los Derechos Humanos, al convertirla en una instancia de resoluciones a modo, alejada de los estándares de un marco legal garante de derechos, eficaz y expedito.
Arnoldo Cuéllar Ornelas
@arnoldocuellaro
Periodista, analista político. Fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, medio digital y asociación civil.
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