*La operación política de Vicente Esqueda; *Opacidad de inicio a fin: GTO Leasing; *Samantha Smith, una derrota autoconstruida
1. Derechos Humanos, estación de paso para grupo panista
En los primeros días de octubre se ha producido un desmantelamiento de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, paralela a la reconfiguración de un grupo político que tiene sus orígenes en la fallida campaña por la gubernatura de Fernando Torres Graciano, a fines del sexenio de Miguel Márquez.
No basta que la PRODHEG haya quedado en manos de un encargado de despacho, Eliseo Hernández Campos, al ser designado Vicente Esqueda como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y que a estas alturas ni siquiera se haya convocado por parte del Congreso al proceso de designación de un nuevo ombudpserson, sino que ahora se suma una fuga de cuadros administrativos hacia el gobierno del Nuevo Comienzo.
En la primera quincena de octubre, la coordinadora administrativa, Marisol Hernández Pérez, presentó su renuncia para incorporarse a la Secretaría del Nuevo Comienzo, donde despacha Rosario Corona Amador, cónyuge de Vicente Esqueda. Asumió el cargo de subsecretaria de Inclusión e Inversión para el Desarrollo Social, en relevo de Montserrat Ramírez, una de las principales operadoras políticas en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez y parte del equipo de Aldo Márquez.
Esa subsecretaría fue la que operó el reparto de la tarjeta Mujeres Grandeza, durante la pasada temporada electoral. A Hernández Pérez, quien ha trabajado bajo el mando de Vicente Esqueda desde hace casi dos décadas, le tocará el crecimiento exponencial de la también llamada Tarjeta Rosa, en la que el régimen del Nuevo Comienzo finca esperanzas no tanto de combate a la pobreza y a la desigualdad, como de promoción electoral y control político.
No es el único cambio relevante. Artemio Torres Gómez, veterano ex alcalde y ex diputado panista, dio un salto cuántico desde la modesta dirección de archivos de la PRODHEG a la Dirección General de Administración del Congreso del Estado, de la mano de Jorge Espadas Galván, jefe de la bancada panista e integrante del grupo político de Vicente Esqueda y Rosario Corona.
Llama la atención el destino de ambos cuadros: van a áreas donde la prioridad es el manejo de los recursos y la posibilidad de hacer favores. Queda muy clara la intención de conformar un grupo político al interior de la administración de Libia García, con claras intenciones de hacer futurismo, lo que se antoja una temeridad en vista de que apenas comienza el sexenio.
En lo que hace a la Procuraduría de los Derechos Humanos, resulta evidente la confirmación de la crítica que muchos hemos esgrimido desde la llegada de Esqueda a la titularidad, hace 4 años: se trató de una simple estación de paso para un grupo de panistas a los que les tiene sin cuidado la crisis de violaciones a los derechos de las personas en la entidad: Como llegaron se fueron: sin haber entendido nada y usando el espacio para proyectos de política partidista.
El análisis cobra importancia por el aún no iniciado proceso para designar una nueva persona encargada de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ahora en el marco de compromiso explícito que la primera gobernadora panista ha asumido frente al tema, creando incluso una secretaría de estado que lleva ese nombre.
Por otra parte, la incipiente red, que comienza a integrar la tríada Esqueda-Corona-Espadas, tiene frente a sí obstáculos importantes.
Por lo pronto, la secretaria del Nuevo Comienzo debe apaciguar la rebelión de los consejos coordinadores empresariales y de las organizaciones de la sociedad civil a las que ha afrentado con las críticas sobre el no funcionamiento del Fidesseg, sin dar más que datos generales y sin mostrar un solo análisis casuístico significativo.
Llama la atención que la organización que más cuestionamientos ha recibido, Crisma de Marta Sahagún, por su mal manejo de recursos para un centro de rehabilitación en San Miguel de Allende, es una de las más consentidas por Rosario Corona, quien incluso ha otorgado a la ex primera dama la representación de las organizaciones sociales en eventos públicos.
A la titular de la secretaría del Nuevo Comienzo le falta concretar con eficacia el nuevo modelo de reparto, tender puentes con las organizaciones a las que ha acusado sin mostrar pruebas y, después de eso, construir el masivo reparto de tarjetas rosa, sobre el que sin duda existirá una fiscalización exhaustiva desde la sociedad y ahora también desde el sector privado.
Desde su atalaya en una sala del tribunal de Justicia Administrativa, donde su protagonismo ya ha causado una acentuada división con el resto de los magistrados, Esqueda deberá multiplicarse para lograr que el temprano activismo que ya inició no se revierta en contra de su grupo y comprometa los objetivos de la gobernadora que le permitió a su tribu regresar a los primeros planos de la política estatal.
2. Con total opacidad, muere GTO Leasing
Poco antes del 15 de octubre, desde la Secretaría de Finanzas del estado donde repite Héctor Salgado Banda, se ordenó a las dependencias que usaban autos rentados a GTO Leasing Services, la empresa arrendadora construida con recursos del ISSEG e inversionistas privados que permanecen en el anonimato, que compraran los activos.
El objetivo del arrendamiento quedó de lado ante una instrucción que no dejó margen a opciones. Donde las dependencias no pudieron asumir el costo, la propia secretaría de Finanzas lo asumió y asignó los vehículos a las áreas que los venían utilizando. Todo ocurrió por la vía rápida.
Como todo lo relacionado con la arrendadora, que se convirtió en el proyecto consentido de Salgado Banda como secretario de Finanzas y titular del consejo directivo del ISSEG, las decisiones siguen en la opacidad más absoluta.
Sin embargo, ha sido posible saber que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo pidió expresamente a su ratificado secretario de Finanzas “sacar las manos del ISSEG” y dejar que la nueva titular, Judith Juárez Guzmán, ponga orden en el fondo de pensiones.
La instrucción incluye poner un coto a las aventuras empresariales del doctor en Economía que en no pocas ocasiones vuela muy lejos de la realidad, así que la especulación que surge es la de la inminente salida del ISSEG de Guanajuato Leasing Services y la posible venta a sus socios empresariales, que aparentemente ya tenían la mayoría de la aportación accionaria desde fines de 2023, lo que se usó como justificación para que la ASEG dejara de considerar a la empresa como sujeto obligado de fiscalización y de transparencia.
Sin embargo, lo que no pudo convertirse en un negocio rentable ni con todo el apoyo del poderoso Secretario de Finanzas, que del sexenio pasado controlaba a la vez su dependencia y el ISSEG, difícilmente ocurrirá ahora que no dispondrá del mismo respaldo político y que estará a prueba con los gastos derivados de las nuevas prioridades como la ampliación de la política de subsidios directos a las personas.
Símbolo del fracaso de GTO Leasing Service es su página web, que se encuentra en construcción desde 2021, evidenciando que la idea de incursionar en el mercado privado nunca interesó realmente, atenidos como estaban a las asignaciones de contratos por dedazo, desde la Secretaría de Finanzas.
Concluye un mal experimento realizado con los fondos de pensiones de los trabajadores del estado, en medio de una ausencia total de información. Resulta de lo más antidemocrático que fondos ajenos al estado sean operados con soberbia y ocultamiento, en negocios que solo resultan fabulosos en el papel y cuyos dividendos o pérdidas quedan ocultas.
Por lo pronto, otro de esos “negocios”, la construcción de los edificios del Distrito de Gobierno en el Parque Guanajuato Bicentenario, con recursos del mismo ISSEG, lleva ya un retraso de dos meses por la falta de los permisos del municipio para cambio de uso de suelo e impacto ambiental. Resulta al menos una irresponsabilidad que se haya realizado una licitación sin contar con las mínimas autorizaciones.
Y viendo todo eso, menos se entiende la decisión de Libia García de poner en suspenso el Nuevo Comienzo en uno de los lugares más importantes de la administración: la gestión del tesoro público. Iremos viendo en qué se traduce esa excepción.
3.- Samantha Smith; cuando simplemente no entiendes
¿En qué habrá estado pensando la nueva presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, cuando decidió colocar al frente de la comisión de equidad de género del ayuntamiento a Julio César García Sánchez, político de Morena que como regidor del PRD fue desaforado por ejercer violencia contra su pareja?
La alcaldesa, primera mujer que gobierna Guanajuato tras casi medio siglo de dominio masculino, defendió la decisión afirmando que García Sánchez “tenía derecho a ser reivindicado”. El argumento no convenció ni en su partido, menos a las colectivas feministas. Solo la bancada de Morena en el Cabildo tuvo el mal tino de avalarla.
Smith es la heredera de un movimiento político que hasta ahora encabezó su esposo, Alejandro Navarro, quien ejerció una constante violencia de género contra las mujeres integrantes de sus dos ayuntamientos.
El municipio de Guanajuato está encuadrado en los 17 municipios que incluye la Alerta de Violencia de Género por parte del Gobierno Federal. Mal inicia la nueva responsable del gobierno capitalino si no tomó en cuenta ese contexto para definir las responsabilidades en su cabildo.
Por lo pronto, con su ocurrencia, Smith Gutiérrez se ganó censuras de la gobernadora Libia García, del dirigente panista Aldo Márquez, así como un punto de acuerdo del Congreso del Estado para remover al regidor de su presidencia.
Si lo que quiso hacer la alcaldesa fue exhibir a Julio César García y vulnerarlo como opositor, tomando en cuenta que llega al cabildo luego de haber sido el principal operador del candidato morenista Jorge Rodríguez Medrano, fue una jugada maestra.
Si fue una simple ocurrencia o la consecuencia de un pacto político, el tema no salió bien para nadie.
Poco a poco la alcaldesa se irá dando cuenta que gobernar tiene más complicaciones que conseguir seguidores en TikTok.
Arnoldo Cuéllar Ornelas
@arnoldocuellaro
Periodista, analista político. Fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, medio digital y asociación civil.
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