Tras más de tres décadas de lucha por parte de colectivas y organizaciones civiles, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación convirtió a Aguascalientes en el doceavo estado en el país donde el aborto por elección ya no se podrá sancionar con cárcel.
Tras más de 30 años de lucha que diferentes colectivas feministas y de protección a las mujeres han librado en Aguascalientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, este 30 de agosto, la despenalización del aborto para mujeres y personas gestantes. El caso –además de ser un logro histórico– se posiciona como un precedente, pues la resolución podrá ser utilizada en procesos ante la Corte que se llevan a cabo en otras entidades.
El amparo en revisión 79/2023 fue aprobado con el voto a favor de los ministros Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló la resolución. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat también apoyó el proyecto, pero consideró que los afectos podían ser más acotados. Por su parte, el presidente de la Sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo,
La Corte resolvió el asunto tras aplazarlo dos veces, la primera vez el 28 de junio, la segunda el pasado 9 de agosto, cuando grupos conservadores se manifestaron a las puertas del órgano judicial exigiendo la no aprobación del proyecto.
Con la resolución, Aguascalientes se convirtió en el doceavo estado donde el aborto por elección ya no se podrá sancionar con cárcel.
La decisión de la Primera Sala del máximo tribunal del país incluye la obligación del Congreso Estatal, de mayoría panista, de eliminar los tipos penales que sancionan el aborto, de no hacerlo, el Legislativo podría ser, por primera vez, sancionado con una multa u otras penalidades públicas y privadas.
En Aguascalientes esos tipos penales se encuentran descritos en los artículos 101, 102, y 103 del Código Penal, que incluyen el aborto doloso, culposo y las condiciones en las que, antes de este miércoles, se permitía interrumpir el embarazo, como en casos de violación o de riesgo de vida de la madre.
Las reformas deberán realizarse en cuanto la resolución sea notificada al Congreso, que tendrá un periodo ordinario para acatar el mandato de la Corte. Ese periodo comienza este 15 de septiembre y concluye a finales de diciembre próximo.
“La Suprema Corte señaló que es inconstitucional la forma en la que Aguascalientes tipifica el delito de aborto consentido y voluntario, lo que implica que el aborto, como se ha dicho siempre desde las colectivas, es un derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. En este sentido se obliga al Congreso local a derogar el tipo penal de aborto en el Estado y lo tienen que hacer en este periodo de sesiones”, explicó Melisa Ayala, coordinadora del área de litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
El amparo fue impulsado –en conjunto con GIRE– por las organizaciones locales Cultivando Género, Morras Help Morras, TERFU y el Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario (Cecadec). Y permite a las mujeres y personas gestantes interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
De izquierda a derecha: Eugenía Solís, Melissa Ayala, Sofía Regalado, Angélica Contreras y Julia Anguiano, integrantes de las organizaciones que presentaron el amparo ante la SCJN.
“Estamos felices, no cabemos de la felicidad. Quería recalcarlo porque también esto es una fiesta para nosotras”, dijo Eugenia Solís, de la organización TERFU, quien después nombró a diversas mujeres que en Aguascalientes han participado de la lucha para garantizar el derecho a decidir.
Por su parte, Sofía Regalado, de Morras Help Morras, explicó que quienes decidan no acudir a las instituciones del estado, pueden abortar de manera segura, en casa, con acompañamiento de especialistas y con la posibilidad de que el proceso sea de forma gratuita.
“Sepan que abortar de manera segura de la semana sexta a la doceava en casa es posible utilizando 12 pastillas de misoprostol. Se trata de un procedimiento avalado por la Organización Mundial de la Salud. El misoprostol es un medicamento de venta libre y cuesta menos de 600 pesos. Nos gustaría que supieran que en Morras Help Morras podemos brindarles información detallada sobre su proceso de aborto, que podemos darles acompañamiento, pero además tenemos kit de misoprostol y de mifepristona que es conocido como el método de oro. Que se sepa que mientras el Estado no garantice este derecho para las mujeres, desde las colectivas lo vamos a seguir haciendo”.
Tras una batalla ganada, la lucha sigue.
La sentencia histórica de la Corte es una batalla ganada para las integrantes de organizaciones civiles que, afirman, es el comienzo de diversos procesos para que el aborto en Aguascalientes no sólo no se criminalice, sino que sea responsablemente acompañado, con información y presupuesto público.
“Este es el inicio de otro proceso. Necesitamos hacer una serie de reformas, como a la Ley estatal de Salud, para que el Estado realmente garantice este acceso y que las mujeres o las personas gestantes puedan decidir cómo, con quién y dónde quieren llevar sus acompañamientos, ya sea en alguna clínica del Estado o con las colectivas que seguirán y seguiremos haciéndolo. Esto también implica hablar de presupuestos. Aquí el llamado es al Congreso, que no quería hacer estas reformas. Vamos a sentarnos a trabajar desde la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos”, explicó Angélica Contreras, de la organización Cultivando Género.
La obligación del Congreso a legislar es vista como uno de los factores más importantes de la resolución, y aunque se espera que haya resistencias, como ha ocurrido, por ejemplo, con la aprobación del matrimonio igualitario, el mandato persiste.
“Sabemos que el Congreso es de mayoría panista y los otros partidos, aunque hablan desde otras posturas políticas, tampoco han hecho mucho. Podría pasar que quieran estar aplazando la votación, pero también sabemos que hay iniciativas para hacer estas reformas, lo que necesitamos es justo que ya empiece el periodo de sesiones. La diferencia es que con el matrimonio igualitario no había esta obligación, y la propia ley de amparo prevé sanciones en caso de incumplir. El Congreso sí o sí tendrá que hacer la reforma y si no le gusta, le invitamos a hacer su ‘vaquita’ para pagar las multas”, agregó Contreras.
La resolución de la Corte podría causar efectos en las personas que actualmente cumplen alguna condena, o son investigadas, por delitos relacionados con el aborto, que de acuerdo con las activistas, son siete hasta mayo de este año. Esto excluye a los hombres acusados de provocar el aborto a una mujer sin su consentimiento.
Además, con la despenalización, el personal médico podrá realizar estos procedimientos sin miedo a terminar en la cárcel.
“Esto jurídicamente se conoce como efecto disuasor. ¿Qué quiere decir esto? Que el mero hecho de que (el aborto) haya estado en el Código Penal de un estado tiene como efecto que las personas, las mujeres y el personal de salud se vea disuadido a ejercer este derecho, es una forma de proceder desde el miedo, y hay que decirlo con todas sus letras, el abortar es un derecho y es obligación del estado de garantizarlo”, dijo Melissa Ayala, de GIRE.
En 2020, un amparo presentado y ganado por la organización Morras Help Morras, obligó al estado a garantizar que en las instituciones públicas de salud haya personal que pueda practicar abortos, respetando a aquellos que quieran ejercer su derecho a la objeción de conciencia.
La respuesta de los conservadores
La respuesta de los grupos conservadores ante la resolución no tardó en llegar. En Aguascalientes, de acuerdo con el censo del Inegi en 2020, el 89.3% de la población profesa la religión católica, el estandarte con el que agrupaciones como el Frente por la Familia intervienen en la aplicación de políticas públicas.
Este tipo de asociaciones han sido respaldadas por funcionarias y funcionarios, sobre todo, del Partido Acción Nacional (PAN), organización política que en este estado mantiene el control del Poder Legislativo, el Ejecutivo y en últimas fechas también del Judicial.
“Se considera negativa e ilegal la sentencia dictada, ya que avala injustamente que deliberadamente se pueda privar de la vida a un hijo por parte de su madre en la primera etapa de su vida. (…) El estado debe proteger la vida humana desde la fecundación de manera progresiva y sancionar a quienes deliberadamente procuren su destrucción u homicidio”, dijo en rueda de prensa esta mañana Edmundo Becerril, uno de los dirigentes del Frente por la Familia en el estado.
Ante la obligación del Congreso Estatal a legislar sobre el tema, Becerril culpó a la Corte de “injerencista”.
“Arbitrariamente da efectos generales a su sentencia constituyéndose de facto e ilegalmente en el Supremo Poder Legislativo de la Nación, al ordenar a que se legisle en un sentido al Poder Legislativo del estado. Que quede claro, la Suprema Corte no es poder legislativo y los diputados no deben sentirse obligados a acatar una sentencia ilegal, injusta e inmoral. No se puede consentir ni tolerar órdenes e intromisiones arbitrarias a la soberanía legislativa”, dijo.
Hasta ahora la gobernadora del estado, la panista Teresa Jiménez, quien ha tenido mayores acercamientos con los grupos conservadores que con las colectivas feministas, no se ha posicionado sobre el tema.
Mónica Cerbón
@Monica_Cerbon
Reportera de investigación y productora. Originaria de Aguascalientes. Miembro de Connectas HUB. Premio IPYS 2020-2021.
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