*Gobiernos panistas, rehenes de Carlos Zamarripa; *Los primeros nombramientos de Libia Dennise; *López Mares, chamba de lo que sea
1.- Pagar para que se vaya el fiscal
Parece una vulgar extorsión política y no un pacto institucional: Carlos Zamarripa dejó el camino libre para que la candidata Libia Dennise García pudiera anunciar su “no continuidad”, pero lo hizo en sus propios términos y a un alto costo.
El fiscal de Guanajuato fue acumulando un poder inédito merced al abandono de al menos dos gobernadores sobre los temas de seguridad: Miguel Márquez, hoy senador de minoría, y Diego Sinhue Rodríguez, próximamente exgobernador e inminente exiliado de la política activa para convertirse en próspero empresario.
El fiscal de Guanajuato fue el responsable de maquilar una política de seguridad fracasada, pero que permitió a ambos gobernadores dedicarse a las actividades lucidoras de la función pública: cortar listones, inaugurar congresos, hacer giras al extranjero.
Por eso, hoy que el PAN debió enfrentarse al fracaso de esa fórmula y al riesgo de perder una elección, fue necesario comprar el retiro del fiscal y su futuro silencio al más alto precio.
Lo que destapó esta semana una investigación del periódico Correo, la decisión unilateral del fiscal para adicionar un capítulo nuevo al reglamento de la Fiscalía del Estado, llamado “Sistema Complementario de Seguridad Social”, no puede limitarse solo a eso.
Ningún responsable de organismos autónomos, llámese Universidad de Guanajuato, Instituto de Transparencia o Procuraduría de Derechos Humanos, podría crear obligaciones institucionales que requieran ampliaciones presupuestales, sin tocar base en la Secretaría de Finanzas, por más autónomos que se crean, incluso teniendo acceso a recursos propios.
Si Carlos Zamarripa lo pudo hacer es porque tiene el visto bueno de Diego Sinhue, pero también de Libia García, pues el sistema de prestaciones extraordinarias tendrá repercusiones en los presupuestos del futuro y generará un régimen de excepción dentro de la burocracia estatal.
Y no es lo único: el PAN y el PRI acaban de validar la designación de una contralora a modo para la fiscalía, la excontralora universitaria Adriana de Santiago, actualmente asesora del fiscal, designada por el Congreso para cuidar las espaldas del fiscal saliente en los próximos años.
¿Por qué pueden ocurrir estas anomalías? Sencillamente porque Zamarripa tiene el poder para hacerlo y cobrar su retiro al precio y con las condiciones que considere convenientes. De no ser aceptados sus términos, separarlo del cargo significaría para el gobierno entrante un desgastante litigio, el cual incluso podría perder, como ya se vio en el caso de Morelos.
Lo que está pasando comprueba lo que algunos hemos pensado y escrito a lo largo de estos años: Zamarripa convirtió en rehenes a los gobernadores de Guanajuato y a buena parte de su clase política.
El poder que le confirieron en facultades legales y extralegales a lo largo de estos 15 años, fue capitalizado por quien hoy es el funcionario más veterano de Guanajuato, que maneja fuerza pública, que dirige un eficaz sistema de recompensas y castigos que no se limita al gobierno, sino que abarca la sociedad entera, que tiene el monopolio de la vigilancia y el espionaje gubernamental en Guanajuato, que goza de su propia agenda de relaciones públicas nacionales e internacionales, distinta a la del gobierno del que forma parte.
Gracias a la complicidad de Miguel Márquez Márquez, con quien compartió los dividendos de la contratación del programa Escudo desde 2012, y al desapego de Diego Sinhue Rodríguez, quien cumplió la encomienda de convertirlo en fiscal autónomo sin cuestionarse, casi como si fuera una condición de su aupamiento a la candidatura y la gubernatura, el fiscal de Guanajuato se erigió en un cuarto poder, que a veces parecía el primero.
Sin embargo, esa acumulación de poder nunca se puso al servicio del combate a la inseguridad y a la impunidad. Todo lo contrario: paralelo al crecimiento de la figura del fiscal aumentaron la violencia, los delitos y la sensación de inseguridad.
En 2009, Zamarripa recibió un estado con asaltos aislados de bandas del crimen organizado desde Michoacán y Jalisco, con un índice de 4 homicidios por cada 100 mil habitantes al año. En 2020, en la cumbre de su poder y antes del embate presidencial que se le vino encima, el índice de homicidios dolosos llegaba a 56 por cada 100 mil habitantes y el estado era un campo de batalla.
Sin embargo, el fracaso en la política de seguridad no se reflejó nunca en un debilitamiento de su responsable. El mismo año en el que llegaba a su pico la violencia homicida, Zamarripa fue defendido frontalmente por el gobernador Diego Sinhue ante la sugerencia del gobierno federal para relevarlo, incluso al costo de romper su relación con el presidente de la República.
AMLO se ausentó de Guanajuato, Diego limitó su interlocución a la Secretaría de Gobernación y Guanajuato sufrió la falta de apoyos extraordinarios más allá de las partidas federales.
Lo dicho, el fiscal impuso su ley, por encima de las necesidades políticas del gobierno panista, mostrando una fortaleza inédita y una supeditación de la clase política a su agenda.
Altos funcionarios del gobierno estatal se mostraban complacidos simplemente de que el fiscal contestara sus llamadas.
Todo ese poder, sin embargo, tampoco sirvió para regresar la paz a Guanajuato. Al poco tiempo de esos triunfos, Zamarripa debió rendirse ante la tenacidad de las colectivas de buscadoras, organizadas a golpe de necesidad ante el desdén y la represión oficial, para finalmente aceptar que Guanajuato era un estado lleno de fosas y con cientos de desaparecidos.
Así siguió la ecuación: a más poder para Zamarripa, más fracasos de la política de seguridad, hasta llegar a las elecciones de 2024.
Libia tuvo claro que no definirse en torno al fiscal y su continuidad de 4 años más, podría literalmente costarle la gubernatura.
Pero esa decisión, un verdadero parteaguas en la historia reciente del panismo, solo podía ser tomada a un alto costo: una negociación con el fiscal donde el rehén ya no era el gobernador saliente, sino la posibilidad misma de la continuidad panista en el gobierno.
Y había que pagarla al precio que costara.
Diego Sinhue apechuga un nuevo escándalo, pero a estas alturas ya no le importa. Será el gobierno de su sucesora el que deba enfrentar los costos políticos y económicos.
Parece que tras 33 años en el poder estatal, la consigna de un panismo acorralado es “sólo por hoy”, y en esa lógica, poco importa pagar un rescate a Carlos Zamarripa para que se haga a un lado, si eso permite posponer por algún tiempo el temido día cero.
2.- Libia adelanta dos alfiles
Las primeras definiciones de colaboradores de la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo no sorprendieron.
Rosario Corona Amador, abogada con amplia carrera en cargos directivos en el PAN estatal, pasó de la coordinación de la campaña a ser la responsable del equipo de transición sexenal.
Jorge Jiménez Lona, exsecretario del ayuntamiento de León y alcalde interino por impulso de la propia Libia García, se incorpora este lunes al equipo de la candidata ganadora de la elección.
Se trata de dos políticos jóvenes, afines generacionalmente a la propia Libia y que hasta ahora, salvo el interinato de Jiménez Lona en León, no habían ocupado puestos de primer nivel.
En ese sentido pueden caber, un tanto forzadamente, dentro del “nuevo comienzo”, la propuesta por la candidata panista en su campaña para contrarrestar la inercia y el desgaste de 33 años de gobiernos panistas ininterrumpidos en Guanajuato.
Sin embargo, lo que no muestran estos nombramientos es riqueza ni diversidad, dentro del PAN o al exterior. Ambos cuadros tienen su origen en el grupo político de Juan Manuel Oliva, a través de su vertiente torresgracianista, una corriente hoy fragmentada, pero cuyos herederos directos son Vicente Esqueda Méndez, actual procurador de Derechos Humanos, y Jorge Espadas Galván, próximo diputado federal y muy probable coordinador de la bancada panista.
A las afinidades generacionales y de grupo se unen otras de tipo personal, que nunca pueden ser obviadas en política: Rosario Corona y Vicente Esqueda son esposos. Éste concedió en la PRODHEG una posición a Montserrat Oliva Mártinez, como jefa de departamento. Oliva Martínez y Jiménez Lona, también son cónyuges.
Pareciera una ironía histórica: seis años después de haber sido derrotados en la contienda por la candidatura, el grupo que apoyaba a Fernando Torres regresa por sus fueros, a relevar a sus verdugos de entonces: el grupo cero de Diego Sinhue, encabezado por Juan Carlos Alcántara.
Por lo pronto, se tiene la idea de que Libia Dennise García podría arriesgarse con nombramientos externos al propio PAN y a Guanajuato. Sin embargo, eso tampoco garantiza mucho: la legión extranjera de Diego Sinhue fue notable por su intrascendencia: Juan Hernández, Luis Felipe Bravo, Marisa Ortiz y Tarcisio Rodríguez.
Habrá que esperar para saber cuánto cuerpo toma la propuesta del Nuevo Comienzo y si será algo más que una buena frase de campaña.
Allí está para (mal) ejemplo: el vilipendiado Golpe de Timón.
3.- Dirigente panista que quiere cobrar por el fracaso
De drama está pasando a comedia el caso del dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares, aquel que prometía “darle una chinga” a Morena y que terminó perdiendo 8 distritos locales y con ello la mayoría en el Congreso; 8 distritos federales, abonando a la mayoría calificada de Morena, y la Senaduría de Guanajuato, para quedar solo con un escaño en esa cámara.
Pero lejos de arredrarse, el irapuatense está presionando al gobierno de Diego Sinhue para que le resuelvan ya su siguiente posición que puede estar en el Poder Judicial del Estado o en alguno de los órganos autónomos.
Porque lo único que está claro es que Libia García no lo quiere ni de chiste en su gobierno, sobre todo después de ver los resultados de su trabajo y de sentir en carne propia los obstáculos producidos por la ineficacia de López Mares.
Punto y aparte es la enemistad personal que el todavía dirigente construyó a punta de misoginia e impertinencias con Rosario Corona cuando fue su secretaria general en el comité estatal.
Lo interesante será ver cómo se justifica la posibilidad de que López Mares pudiera regresar a un asiento en el Consejo del Poder Judicial, pues, en medio del debate de la reforma judicial que plantea la Cuarta Transformación, habría que ver como defienden el gobernador y la mayoría del PAN y el PRI el arribo de un cuadro partidista al órgano jurisdiccional del Supremo Tribunal de Justicia.
¿No que el poder Judicial no se toca? Sería la pregunta.
Así que lo más probable es que López Mares tenga que desempolvar su despacho de litigante y dignificarse con un trabajo honrado, eso a lo que muchos como él le tienen auténtico terror.
Arnoldo Cuéllar Ornelas
@arnoldocuellaro
Periodista, analista político. Fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, medio digital y asociación civil.
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