*Consejería Jurídica, la nueva Jefatura de Gabinete; *Reclamo migrante abolla imagen dialoguista de Libia; *López Santillana, Ramón Alfaro y Banterra, las huellas
1.- Alejandro Sierra, el hombre fuerte del nuevo gobierno
La gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo dejó en claro hace unas semanas que coordinará de manera directa a su gabinete, sin intermediarios, subrayando su decisión de desaparecer la poderosa Jefatura de Gabinete creada por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, más como una forma de desentendimiento de sus obligaciones que de auxilio a su función.
Lo que no dijo Libia es que tendrá su propio instrumento de control sobre los secretarios de despacho y los titulares de las entidades de la administración pública estatal: se trata de la nueva Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, que muy seguramente estará a cargo del abogado Alejandro Sierra Lugo.
En su presentación sobre los cambios en la estructura del gabinete, la próxima mandataria explicó que la nueva Consejería Jurídica no sólo tendría competencia en el área de la gubernatura, sino que asumiría una coordinación sobre todas las dependencias del gobierno.
Sin embargo, lo que no se especificó, pero sí viene con todas sus letras en un párrafo que la iniciativa adiciona al artículo 5o. de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es que el Consejero Jurídico dispondrá de la facultad “para designar y remover a quienes sean titulares de las áreas responsables de los asuntos jurídicos de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y se encargará de su coordinación y supervisión.”
No es un mecanismo inusual en las pasadas administraciones, aunque normalmente se había aplicado de facto, sin necesidad de reconocerlo en ley. Por ejemplo, las coordinaciones de Comunicación Social de todas las dependencias son gestionadas desde la Coordinación General que depende del gobernador, sin plantearlo de forma explícita.
En el gobierno que concluye, la Jefatura de Gabinete de Juan Carlos Alcántara designó a funcionarios clave como coordinadores administrativos y secretarios particulares de buena parte de las dependencias, todo con la finalidad de extremar el control político, de forma adicional a la coordinación y supervisión de metas que ya le otorgaba la ley orgánica.
Con el cambio planteado en la iniciativa, las coordinaciones jurídicas de las dependencias se convertirán en instancias de control y monitoreo de los secretarios de despacho y los titulares de entidades, quizá más eficientes de lo que realiza ahora la jefatura de gabinete.
El error en el que muchas veces incurrió el equipo de Charly Alcántara, de emplear su influencia para acomodar a cuadros partidistas, hacer favores y formar una red de lealtades, sería muy delicado si se repite. Al ser una labor técnica delicada, en las áreas jurídicas no pueden darse el lujo de designar funcionarios sin el mejor perfil.
De cualquier manera, los secretarios de despacho no estarán mancos y si sus coordinadores jurídicos designados por Alejandro Sierra no dan el ancho, podremos ver en esta nueva disposición de la ley una fuente permanente de conflicto que deberá ser resuelta en última instancia por la propia gobernadora, como la verdadera jefa de su gabinete, tal y como lo subrayó en su última aparición formal ante los medios.
2.- Derechos humanos con el pie izquierdo
Resulta alentador que el próximo gobierno de Guanajuato, encabezado por vez primera por una mujer, se dé a la tarea de privilegiar el respeto y la promoción de los derechos humanos a nivel de una secretaría de estado. Lo que ya no cuaja, sin embargo, es que en la construcción de esa dependencia se cometan descuidos que terminen violentando esos mismos derechos.
La nueva Secretaría de Derechos Humanos hará desaparecer a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, creada por Diego Sinhue Rodríguez y ninguneada por él mismo al colocar al frente a un aventurero binacional, Juan Hernández, que se dedicó a confrontar a las comunidades migrantes en los Estados Unidos, a promover la siembra de agave (literalmente) y a favorecer a los grupos que le fueron leales.
Sinhue además disminuyó el presupuesto a la dependencia cada ejercicio, ante la falta de resultados del funcionario que él mismo eligió: en 2019, la SMEI ejerció un gasto de 125 millones de pesos; el monto del que dispone en 2024 apenas alcanza los 54.8 millones de pesos.
El drástico recorte dejó a la Secretaría del Migrante en los huesos y sin operatividad, quizá por eso Juan Hernández, dejó el cargo tirado y se sumó a la campaña de Xóchitl Gálvez, con los mismos nulos resultados de su paso por el gobierno de Guanajuato.
Nada de eso se está revisado en la iniciativa que propone desaparecer a una Secretaría cuyo potencial se puede aquilatar por el monto de las remesas que los migrantes guanajuatenses ingresan al estado anualmente: 5 mil 400 millones de dólares, 108 mil millones de pesos al tipo de cambio actual, ligeramente inferior al presupuesto del gobierno de este año, de 117 mil millones.
Eso quedará atrás. La atención a los guanajuatenses en el extranjero y a migrantes de múltiples países que cruzan por el estado en su camino a la frontera norte, quedará en manos de una subsecretaría aún más escuálida que la dependencia que va a desaparecer.
Lo más delicado y donde se exhibe una abierta contradicción con el espíritu de crear una dependencia que proteja los derechos humanos, es que el equipo de la gobernadora electa Libia Dennise García se haya negado hasta ahora a un diálogo abierto con líderes y activistas migrantes que han pedido explicaciones sobre la desaparición de una secretaría que tanto pelearon en el pasado y que, aún inconformes con sus resultados, no creen que la solución sea nulificarla.
Un problema aparte es el hecho de que la nueva dependencia está pensada más como una secretaría de grupos vulnerables, pues en rigor los derechos humanos corresponden a todos y deben atravesar todas las políticas gubernamentales.
Es el caso del derecho humano al agua, a espacios libres de violencia, a la seguridad personal y jurídica, al medio ambiente sustentable, a la alimentación sana, a la educación, al salario digno, al tiempo libre de calidad, a la movilidad eficiente, a la vivienda, aspectos que atienden otras dependencias.
Esas interacciones no quedan claras en los cambios legales que está por discutir el Congreso. Se hace demasiado énfasis en los ahorros y la eliminación de funciones duplicadas, pero tomando en cuenta el magro presupuesto de las dependencias a fusionar y los objetivos que se le trazan a la nueva Secretaría de Derechos Humanos, lo cierto es que requerirá recursos presupuestales muy superiores, so riesgo de condenarla a la misma inoperancia de la que desaparece.
En síntesis, por prisa o por inexperiencia, las primeras señales del próximo gobierno dejan ver improvisación y vena autoritaria. No es un buen mensaje y mucho menos un nuevo comienzo.
3.- Los privilegios de Banterra
El freno de los proyectos de inversión extranjera en Guanajuato, derivados de problemas como la saturación de la infraestructura, la relocalización enfocada a estados del norte y el sur del país y la inseguridad en el estado, ha propiciado una feroz competencia entre los ofertantes de tierra para la instalación de nuevas empresas.
Sin embargo, la puja no es el problema, pues los parqueros y desarrolladores industriales están acostumbrados a pelear palmo a palmo por sus clientes, lo que sin duda redunda en beneficio de estos. Así ha ocurrido durante todos los años del crecimiento industrial de Guanajuato… hasta ahora.
Porque de unos meses a la fecha, la empresa Banterra, una inmobiliaria y gestora de terrenos para desarrollos fabriles encabezada por Jesús Aguilar Portugal, ha venido recibiendo una insólita preferencia de parte del secretario de Desarrollo Económico nominal, Ramón Alfaro y, atrás de él, del verdadero artífice de la política industrial de la entidad, Héctor López Santillana.
Bloqueos a otras empresas desarrolladoras, artimañas como la de usar a la Secretaría de Medio Ambiente para negar permisos y autorizaciones, la cancelación de acompañamiento de funcionarios en las negociaciones entre empresas y desarrolladores, se han utilizado para privilegiar a Banterra.
Se ha llegado al extremo de piratear negociaciones ya concretadas, en lo que ya no solo es ausencia de reglas de juego parejo, sino abierto contubernio.
Quizá la razón de esta actitud se encuentra en la certeza por parte del tándem Santillana – Alfaro de que su largo reinado ha llegado a su fin y de que vendrán nuevas políticas y nuevos actores para relanzar la alicaída promoción industrial de Guanajuato.
Arnoldo Cuéllar Ornelas
@arnoldocuellaro
Periodista, analista político. Fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, medio digital y asociación civil.
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