Claudia muy arriba en encuestas

Caso García Luna, la única testigo de descargo : Su esposa.

Linda Cristina Pereyra aseguró que por el sueldo de su marido ( García Luna) y otros ingresos hicieron posible hacerse de varias propiedades.

La esposa fue la única persona que subió al estrado para deslindarlo de acusaciones de acusaciones de soborno por parte de los capos del cartel de Sinaloa y la organización criminal de los Beltrán Leyva, según ella adquirieron sus bienes gracias a prestamos y operaciones de compra-venta exitosas de inmuebles y los bonos recibidos en las anteriores administraciones en conjunto permitieron a resumidas cuentas amasar la fortuna que además incluyen colección de automóviles y motos de marca exclusiva..

Lo paradójico del tema es que la propia esposa de García Luna también es señalada en una querella en Florida por presuntamente de formar parte de la red de lavado de dinero de su marido.

Desde hace tiempo el periodista J. Jesús Lemus señaló que la mujer había participado en operaciones económicas que contribuyeron a forjar la fortuna familiar.

Sobre la demanda presentada el 21 de septiembre del 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del condado de Florida, tiene el fin de recuperar activos adquiridos con el erario público según aseguró Pablo Gomez en la conferencia matutina.

Este proceso civil en contra de Linda Cristina y su esposo se da de manera independiente al juicio del superpolicia en la corte de Nueva York por su responsabilidad en el tráfico de droga en Estados Unidos entre otros delitos relacionados con el crimen organizado.

Según el titular de la UIF más de 700 millones de dólares fueron enviados al extranjero, ocultando sus rastros por el uso de paraísos fiscales y la adquisición de bienes muebles e inmuebles ubicados en el estado de Florida, hasta este momento las investigaciones siguen en curso donde hasta este nueve de febrero se ha confirmado que además de García luna y su esposa hay más beneficiados en la presunta red de lavado de dinero operando en varios países que firmaron 30 contratos en diversos órganos de seguridad pública de México a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos.

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