¿Paso Firme Hacia la Seguridad o Enfrentamiento con la Informalidad?
La administración municipal de Celaya ha emprendido un programa de reordenamiento del comercio en la vía pública, estableciendo un plazo definitivo para que los comerciantes de la banqueta de Antonio Plaza se retiren, para luego proceder con los de la calle José María Pino Suárez. Esta iniciativa, liderada por el Presidente Municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez, busca «poner orden» en estas zonas céntricas y de abastos, una tarea que históricamente ha representado un desafío para la autoridad local.
Liberación de Banquetas: Un Objetivo de Larga Data y sus Siguientes Fases
El objetivo principal de este operativo es la liberación de banquetas, un espacio que, según la autoridad, ha sido ocupado de manera irregular por años. El Presidente Municipal ha indicado que la calle Pino Suárez es la siguiente en la lista, donde también se buscará regular a quienes se han «salido» de sus límites establecidos. Adicionalmente, en la zona de abastos, se mantiene un dispositivo vial para evitar el apartado de lugares en la calle y se está exigiendo a los comerciantes establecidos que mantengan el orden, bajo advertencia de multas si sacan sus productos fuera de sus locales. La estrategia parece ambiciosa en su alcance, buscando abarcar tanto al comercio semifijo como al establecido para restaurar la fluidez y el uso peatonal de las vías.
La Negociación por los Espacios: Entre la Voluntad Oficial y la Resistencia Informal
Para los comerciantes de Antonio Plaza, que por años «mantuvieron tomada la banqueta», la administración ha ofrecido soluciones, incluyendo la posibilidad de comprar locales al interior de El Quinto Sol. El Presidente Municipal ha señalado que están «negociando ya con varios» y que incluso consideran «ayudarles a comprar espacios». Sin embargo, se reconoce que algunos comerciantes han rechazado la propuesta, argumentando que sus ventas son mejores en el exterior. Aquellos que no lleguen a un acuerdo serán retirados el lunes. Esta dinámica de negociación revela la complejidad de mediar entre la regulación formal y la subsistencia de los comerciantes, quienes, en muchos casos, dependen del acceso directo a la vía pública para su actividad económica.
Seguridad y Amparos: La Postura Gubernamental Ante la Contienda Legal
El ordenamiento de las calles, según el Presidente Municipal, contribuirá a que Celaya atraiga más visitantes, lo que se traducirá en mayor comercio, recursos y una economía más circular, beneficiando a todos. No obstante, la medida ha encontrado resistencia. Algunos comerciantes pretenden tramitar un amparo para detener el programa de ordenamiento. Ante esta posibilidad, el Presidente Municipal ha sido contundente al declarar que «ante eso no puede haber un amparo». Ha enfatizado que lo primordial no es el costo de la medida, sino la seguridad de los ciudadanos, buscando que la gente «ya no tenga miedo de querer pasar ahí».
Esta firmeza de la autoridad, si bien busca proyectar determinación en la aplicación de la ley y la mejora de la seguridad, podría desembocar en confrontaciones legales, poniendo a prueba los límites de la acción gubernamental frente a los derechos y la resistencia de los afectados. La efectividad de esta estrategia se medirá no solo en la liberación de espacios, sino en la capacidad de la administración para gestionar las implicaciones sociales y legales que inevitablemente surjan.
