Guanajuato, Gto. — Lo que el Gobierno del Estado presentó como un alivio económico para los propietarios de vehículos, se ha convertido en el epicentro de una severa crítica ciudadana. El anuncio de la cancelación del 100% de los adeudos anteriores al 31 de diciembre de 2020 ha sido recibido no solo con escepticismo, sino con indignación por parte de una sociedad que percibe un estado voraz en la recaudación pero ausente en sus responsabilidades básicas de seguridad.
La «trampa» de los créditos fiscales
La crítica más aguda en redes sociales señala que la autoridad no está otorgando un beneficio real, sino simplemente aplicando la ley para limpiar una cartera que ya no puede cobrar. Usuarios advierten que, al tratarse de créditos fiscales, los adeudos prescriben legalmente después de cinco años.
«No te están condonando nada; por ley solo te pueden cobrar los últimos 5 años», denuncian internautas, sugiriendo que el gobierno estatal intenta presentar como un gesto de generosidad lo que en realidad es una imposibilidad jurídica de cobro.
Fuerza recaudatoria vs. Impunidad delictiva
El descontento ciudadano escala al contrastar la eficiencia administrativa para cobrar refrendos con la incapacidad para frenar la crisis de inseguridad. Guanajuato se mantiene con uno de los mayores índices delictivos del país, donde las extorsiones han golpeado sistemáticamente la economía de los comercios y familias guanajuatenses.
La crítica en redes es tajante: mientras el estado «no se inmuta» ante su responsabilidad de proteger a los ciudadanos y combatir el crimen organizado, sí despliega campañas para presionar el pago de multas y recargos. Para muchos, es un «fiasco» que el gobierno exija el cumplimiento puntual de obligaciones fiscales mientras falla en garantizar el derecho humano fundamental a la seguridad.
El «castigo» a la clase media y el premio a la morosidad
Quienes deben los últimos cinco años (2020 a 2025) reportan que no hay descuentos reales en multas y recargos, lo que genera un sentimiento de injusticia tributaria:
- El dilema del deudor reciente: «Debo cinco años de refrendo y no me hacen el descuento en multas y recargos al 100%», lamentó un usuario, evidenciando que el beneficio no alcanza a quienes intentan regularizarse hoy.
- Incentivo al incumplimiento: Ciudadanos consideran que se premia a los «más morosos» (con más de 5 años), mientras se asfixia con multas caras a quienes tienen retrasos menores.
- Economía golpeada: En un estado donde el cobro de piso y la violencia han mermado los ingresos de miles de familias, la rigidez del esquema de pagos 2021-2025 es vista como una muestra de insensibilidad social.
Un sistema en la encrucijada
Guanajuato cierra el año con una sociedad que ya no se conforma con boletines oficiales. El escrutinio técnico de las leyes fiscales, sumado al hartazgo por la violencia desenfrenada, ha puesto al gobierno en una posición defensiva. La percepción es clara: el estado busca sanear sus finanzas antes de que los créditos prescriban, pero lo hace sin ofrecer paz, sin frenar las extorsiones y sin mostrar la misma «generosidad» en la protección de sus ciudadanos que la que presume en sus programas de descuentos.
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