Análisis Editorial / Celaya, Gto. – La reciente determinación del Ejecutivo Municipal de Celaya para reubicar a la titular de la Oficialía Mayor bajo el argumento de un «desgaste» relacional, abre un debate profundo sobre la profesionalización del servicio público y la vigencia de los principios de la denominada Cuarta Transformación en la localidad.
La Ambigüedad como Criterio Administrativo
En la gestión pública moderna, la permanencia de un funcionario debería estar anclada a indicadores de desempeño y resultados tangibles. Sin embargo, al invocar el «desgaste» con diversos sectores como motivo de remoción, la autoridad municipal introduce un elemento de incertidumbre jurídica. Si la competencia técnica de la funcionaria es reconocida, su desplazamiento sugiere que la administración prioriza la conveniencia política coyuntural sobre la estabilidad institucional, privando al cargo de la certidumbre necesaria para una ejecución de largo aliento.
Oficialía Mayor: Una silla eléctrica
La cronología de esta oficina en la actual administración es preocupante:
- Araceli Morales Mancera: Duró apenas dos semanas.
- Mireya Villagómez Molina: Asumió en noviembre de 2024 y sale poco más de un año después.
Esta rotación constante en la Oficialía Mayor —área encargada de los recursos humanos, compras y administración interna— envía un mensaje de inestabilidad institucional. Cambiar al titular de esta área cada pocos meses dificulta la continuidad de los procesos administrativos y la planeación a largo plazo.
¿Reingeniería Técnica o Rediseño de Poder?
El anuncio de que este movimiento emana de una «reingeniería» propuesta por el Instituto Nacional de Administradores Públicos (INAP) dota al cambio de un barniz técnico. No obstante, en una democracia que aspira a la horizontalidad, surge una interrogante ineludible: ¿En qué espacio de esta reingeniería se escuchó la voz de la ciudadanía?
Para evitar que la administración pública se convierta en un ecosistema de decisiones cerradas o, peor aún, en un espacio vulnerable a influencias ajenas al mandato popular, es imperativo que estos procesos de reestructuración trasciendan el escritorio oficial. La ausencia de mecanismos de consulta abierta para validar estos perfiles permite que la suspicacia social crezca, alimentando la percepción de que los criterios de selección responden a círculos de confianza restringidos en lugar de a un escrutinio social abierto.
El Imperativo de la Gobernanza Abierta
La participación ciudadana que tanto se pregona en el discurso oficial no debe limitarse al ejercicio del voto. Una verdadera gobernanza exige que la sociedad civil organizada y los colegios de profesionales formen parte activa de los procesos de reingeniería administrativa. Solo mediante la transparencia radical y la participación de observadores ciudadanos en las decisiones de gabinete, se puede blindar al gobierno municipal de recomendaciones de índole privada que distorsionen el interés público.
El relevo en la Oficialía Mayor, proyectado para la primera catorcena de enero de 2026, será la prueba de fuego para esta administración. Celaya requiere que el nuevo titular no solo posea el rigor técnico que el cargo demanda, sino que su llegada sea el resultado de un proceso claro y auditable. De lo contrario, el concepto de «reingeniería» quedará reducido a un simple reacomodo de nombres en una estructura que sigue operando de espaldas a la colectividad que dice representar.
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