La reciente denuncia de Ecuador sobre el intento de incursión de un agente de migración estadounidense (ICE) en su consulado en Mineápolis ha destapado una caja de Pandora diplomática que reaviva, inevitablemente, los fantasmas del asalto a la embajada de México en Quito en 2024. Este nuevo episodio coloca al gobierno ecuatoriano frente a un espejo incómodo, revelando una inquietante paradoja en la aplicación del derecho internacional.
Los hechos recientes son claros: la Cancillería ecuatoriana protestó enérgicamente después de que, la mañana del 27 de enero de 2026, un funcionario de ICE intentara ingresar por la fuerza a su sede consular, siendo bloqueado por el personal que activó protocolos de emergencia para proteger a sus ciudadanos. Quito, con la ley en la mano, sostuvo que este acto vulnera el principio sagrado de inviolabilidad de las misiones diplomáticas consagrado en la Convención de Viena y exigió garantías a Washington.
El reclamo es justo y jurídicamente correcto. Sin embargo, resuena con un eco de hipocresía difícil de ignorar. Resulta pasmoso que el mismo Estado que hoy exige respeto absoluto para sus instalaciones en el exterior sea el mismo que, hace menos de dos años, ordenó una invasión armada con vehículos blindados en la embajada de México para secuestrar al asilado político Jorge Glas.
Aquel 5 de abril de 2024, Ecuador no solo sometió al personal diplomático mexicano, sino que sentó un precedente alarmante en la región sobre el uso de la fuerza dentro de una sede extranjera. México calificó aquel operativo como una «violación flagrante» del derecho internacional y mantiene una batalla jurídica en la Corte Internacional de Justicia.
La actual situación expone un evidente doble rasero: Ecuador ha pasado de acusado a denunciante en cuestión de meses, utilizando la misma figura legal—la inviolabilidad de las sedes—que antes despreció. Esta contradicción alimenta la percepción de que para Quito, las normas diplomáticas son aplicables solo cuando le benefician, una suerte de «inviolabilidad a la carta».
Mientras Estados Unidos guarda silencio sobre el incidente en Mineápolis, el debate de fondo no es la escala de las agresiones, sino la consistencia en el respeto a las reglas del juego internacional. Ecuador tiene derecho a defender su consulado, pero su autoridad moral para hacerlo quedó severamente dañada cuando sus propias fuerzas policiales pisotearon la soberanía mexicana. El derecho internacional no puede depender de quién sea el agresor y quién la víctima; su valor radica en su aplicación universal, una lección que Quito parece olvidar convenientemente según soplen los vientos políticos.
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