México ha retomado el debate sobre la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, una reforma a la Ley Federal del Trabajo impulsada para mejorar el equilibrio entre la vida personal y laboral, sin comprometer la productividad.
El país busca aplicar este cambio de manera gradual, dado que, a pesar de registrar más de 2,200 horas trabajadas al año por persona (muy por encima del promedio de la OCDE de 1,740 horas), este tiempo extra no se ha traducido en una mayor productividad.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha anunciado foros regionales para dialogar sobre la propuesta, que se llevarán a cabo del 19 de junio al 7 de julio en ciudades como Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Querétaro y Quintana Roo. En estos espacios, se busca la participación de sindicatos, empresarios, académicos y organismos internacionales para diseñar una iniciativa viable para todos los sectores.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que esta reforma será una prioridad de su gobierno, implementándose de forma progresiva hasta llegar a las 40 horas semanales en el año 2030.
Esta gradualidad responde directamente a las preocupaciones del sector empresarial, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, que requieren anticipación para adaptarse y reducir riesgos operativos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugiere que cada país diseñe reglas claras y adaptadas a cada sector, así como la automatización de procesos para compensar la disminución de horas trabajadas. Con los foros en marcha y el compromiso presidencial, la jornada de 40 horas se vislumbra como una realidad en México. La clave estará en la implementación, que si se diseña bien, puede mejorar la calidad de vida sin afectar la economía formal, pero si se aplica mal, podría generar efectos negativos, especialmente en sectores vulnerables.
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